Cuando se detuvo a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, brazo derecho más poderoso de su gobierno, Felipe Calderón se dijo engañado: “Desconocía por completo los hechos que se le imputan. No tuve información o evidencia de ellos, por lo mismo me sorprende profundamente lo que está ocurriendo”, aseguró.
En respuesta a las palabras del ex presidente, Javier Hererra Valles, ex comisario general de la Policía Federal de división Caminos, afirmó que Felipe Calderón no puede sentirse sorprendido por la captura, porque desde “2008 le informó al presidente de los actos de corrupción a través de dos cartas donde señalaba que éste incurría en nepotismo, colocaba en puestos clave a personajes reprobados en los exámenes de control de confianza y otros vinculados con el crimen organizado. Calderón decidió defender a García Luna a capa y espada”, sostiene el ex comisario regional de la Policía Federal.
Dijo también “que la famosa guerra contra la delincuencia organizada era realmente una simulación, no era nada serio, defendía un cártel, la violencia extrema la tenemos gracias a este personaje, a atacar a un cártel y proteger a otro”. Herrera Valles denunció penalmente a García Luna y a más de una decena de funcionarios de su círculo cercano; poco después de sus denuncias, Herrera Valles pasaría cuatro años en prisión.
Hoy, en libertad, reafirma que: “Calderón sabía, y que dé la cara al pueblo de México por la traición que cometió como presidente al haber estado involucrado en delincuencia organizada también él”.
Asimismo, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar, hizo saber a Felipe Calderón de las “corruptelas” de García Luna y por ello, aseguró, tuvo que “pagar un costo político”, según datos del libro Los cómplices del presidente, de Anabel Hernández.
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto podrían ser llamados a comparecer en torno al caso de Genaro García Luna ante una corte de Nueva York.
Bajo esta lógica, una vez anunciada la captura del ex funcionario, la administración federal hizo del conocimiento público que apoyarían a Estados Unidos con las indagatorias y que habían congelado ya las cuentas de García Luna en México.
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El presidente López Obrador ordenó, además, investigar si en el gobierno permanecen funcionarios que hayan trabajado con Gerardo García Luna, y de ser así, serían despedidos. “No queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables e ineficientes”, declaró.
El ex jefe policíaco tiene dos vías ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos: declararse culpable y convertirse en testigo protegido, o declararse inocente y seguir el juicio de detención por cuatro cargos de narcotráfico y por dar declaraciones falsas.