México, como miembro activo de la comunidad internacional, es parte de diversos tratados y de las declaraciones de derechos humanos, al grado de que ha elevado su protección al más alto nivel jurídico al consagrar su supremacía a nivel constitucional.
Adicionalmente, desde hace más de tres décadas también se establecieron en nuestra Ley máxima la obligatoriedad de que en la conducción de la política exterior el Ejecutivo Federal debe apegarse a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Dentro de ese marco, se ha conducido la política exterior mexicana. En este caso, México ha aplicado la Doctrina Estrada que consiste en mantenerse al margen de los procesos políticos internos de otros países.
Sin embargo, al tratarse de una situación en extremo delicada, como ha sucedido en otras ocasiones, México ha considerado anteponer la protección de los derechos humanos de funcionarios cuya seguridad y libertad se encuentra evidentemente en riesgo. Nuestro país ha evitado pronunciarse respecto a consideraciones jurídicas o políticas internas de Bolivia y de las personas a las que se les ha otorgado auxilio humanitario. Esto ha ocurrido con estricto respeto al Derecho Internacional y a nuestras leyes en particular a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Pero como es lógico en este tipo de asuntos siempre hay opiniones distintas y para ello es que a través del diálogo, de la observancia plena del derecho y de la utilización de todas las herramientas políticas y jurídicas de la diplomacia, se pueden superar las diferencias, salvaguardando siempre la seguridad, la libertad y la vida de las personas.