En días pasados, se dio a conocer por parte del Subsecretario de México para América Latina y el Caribe que existe presión por parte de elementos de la policía y de la milicia de Bolivia en las instalaciones diplomáticas de nuestro país en la Paz, así como que el Viceministro de Seguridad Ciudadana de dicho país exigió al gobierno mexicano que pongan a disposición de la justicia a varios funcionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran “asilados” o “refugiados” en la embajada mexicana.
Lo anterior, puesto que en términos de lo señalado por el viceministro de Bolivia los exfuncionarios públicos a que se refiere están involucrados en causas penales y, por ende, no deben ser asilados por nuestro país en la instalación diplomática.
Al respecto, no existen datos oficiales que confirmen, por una parte, que México ha sido injerencista en la política interna de Bolivia por la aceptación de exfuncionarios en sedes diplomáticas y, por otra parte, que éstos cuenten con órdenes de aprehensión o se encuentren involucrados en causas penales.
En este sentido, considero que nuestro país debe ser respetuoso en todo momento y de manera estricta sobre la política interior del país de Bolivia, dado que en el ámbito internacional rigen dos principios fundamentales: el de autodeterminación de los pueblos y el de no intervención de un país a otro en los asuntos internos de éstos.
Sin embargo, es importante destacar que la propia Constitución General de la República establece como una obligación del estado mexicano dar cumplimiento con tratados y convenciones internacionales en materia de asilo político, protección de derechos humanos y fundamentales, así como por razones humanitarias. Obligación que, de igual manera, es recíproca para el país Boliviano que debe respetar las instalaciones diplomáticas de México en ese país.