Tras los acontecimientos en Bolivia y el evidente respaldo que ha brindado el gobierno de nuestro país al ex mandatario de esa Nación, así como a altos exfuncionarios, se vuelve necesario decir que la posición de México en la política interna de Bolivia ha sido contrario a lo que asegura el gobierno federal injererencista.
El hecho de trasladar y ofrecer asilo al depuesto presidente Evo Morales, permitirle y facilitarle las condiciones para realizar pronunciamientos políticos y llamados a la insubordinación desde México -en medio de la transición que vive Bolivia, posterior al fraude electoral realizado hace unos meses y ante el compromiso de su actual gobierno interino de llamar a nuevas elecciones para restaurar el orden constitucional-, el hecho de ofrecer resguardo a exfuncionarios de alto nivel en la sede de la embajada mexicana, así como la residencia de la embajadora, son actos que van en contra de la que ha sido la política internacional declarada por el titular del Ejecutivo Federal de no intervención en asuntos de política interna de otros países.
Las consecuencias de la política asumida por el gobierno son el origen de la tensión que hoy vivimos entre el gobierno de Bolivia y el de nuestro país, por lo que se hacen necesarios los llamados a «unirnos en torno al presidente», señalando que no hacerlo es ‘antipatriota’ cuando no es así. El presidente de la república no es México y debemos tener claro que no es desleal no defender las decisiones asumidas por él en este conflicto.
El gobierno de México debe alejarse de temas ideológicos y suscribirse a los tratados internacionales de los que formamos parte para que existan relaciones pacíficas y diplomáticas. México sostiene una tradición de asilo político que permite que las personas de otros países nos vean como una Nación en la que se garantizará el respeto a sus derechos humanos, sin embargo, el gobierno federal no debería respaldar a alguien que ha sido señalado por cometer fraude o algún otro tipo de delito.