Bolivia tuvo elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre. El entonces Presidente, Evo Morales, había perdido una consulta popular (hecha en febrero de 2016), donde se les preguntó a los bolivianos si lo autorizaban a competir por un 4to mandato consecutivo y ganó el “no”. Sin importarle esto, Evo compitió por la presidencia nuevamente.
Para haber ganado, se necesitaban 2 requisitos: 1) obtener más del 40% de los votos totales y 2) ganarle por al menos 10% al segundo lugar. Lo primero se cumplió, pero lo segundo no. En una auditoría, la OEA concluyó que el proceso electoral había tenido irregularidades y debía haber nuevas elecciones.
Las protestas en contra de las elecciones habían empezado semanas antes, pero se acentuaron después de que Evo se autoproclamó ganador sin que terminara el conteo de votos. La revuelta, con la participación de miembros de las fuerzas armadas bolivianas, obligó al Presidente a renunciar. Evo obtuvo asilo en nuestro país por más de 24 días y luego partió a Cuba y de ahí a Argentina.
México tuvo varias acciones discutibles: 1) declarar a Evo ganador antes de que la OEA finalizara su auditoría 2) tomar partido por Evo frente a la oposición interna, que lo acusaba de fraude e intento de perpetuarse en el poder 3) ser uno de muy pocos países en el mundo que asumieron un “golpe de estado”, cuando la calificación de una situación como ésta va a requerir de un análisis profundo en materia de derecho internacional y 4) hacer ofertas abiertas de asilo (cuando la práctica y la tradición implican que el asilo se “otorga” ante situaciones individuales específicas, no se “ofrece” a todo el mundo).
¿Qué acciones hizo México que me parecen correctas? 1) el otorgar asilo a un ex-Presidente cuya integridad corría peligro (pero debieron exigirle silencio y no promover su participación política como lo hizo) y 2) solicitar apoyo de seguridad para la Embajada y Residencia.
La inestabilidad interna en Bolivia ha tensado la relación con México ya que las nuevas autoridades han girado órdenes de presentación y captura en contra de varios de los funcionarios que solicitaron asilo a México y que se encuentran en nuestras sedes diplomáticas. La pregunta va a ser si las órdenes judiciales se giraron antes o después de que solicitaran asilo, pero de cualquier forma, cuando un estado valora el otorgamiento de asilo y decide brindarlo, el otro país está obligado a dar el salvoconducto y posteriormente, de acuerdo a tratados bilaterales e internacionales se puede procesar a los inculpados e incluso solicitar su extradición.
Al haber en todo esto mucho espacio a la interpretación, lo único que puede terminar esta crisis es la diplomacia. Última noticia: declaran persona “non grata” a nuestra Embajadora en Bolivia, lo cual es aceptado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas sin tener que dar explicación alguna. Ello implicará que la Embajadora debe regresar a México. Antes de mejorar, este conflicto bilateral está escalando. Cabeza fría, diplomacia y diálogo para recomponer, es lo que hay que hacer por el prestigio de nuestra política exterior, y por la paz y estabilidad de la región. Las cosas como son.