Un nuevo ataque a la democracia y a las libertades se asoma al escenario político nacional con la intensión de asestar un golpe definitivo a la confidencialidad de millones de mexicanos. Esta semana la Secretaría de Gobernación (Segob) intentó convencer al Instituto Nacional Electoral (INE) de entregar los datos personales y biométricos del Padrón Electoral que maneja desde 1990.
La intención de la dependencia, o eso dice, está orientada a elaborar una cédula de identidad única para toda la población y que, a su parecer, no puede realizarse sin la información resguardada por el INE. Lo que ignora la Segob es que legalmente el organismo autónomo electoral está impedido a compartir dicha información, ya que no es propietario de la misma.
Pues son los propios ciudadanos quienes deben dar su autorización para que sus datos pasen del INE a cualquier otra institución de gobierno y de ninguna otra forma, ya que la lógica de su está limitada a un uso específico.
Esta fue la razón principal por la cual el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado se manifestó en contra, señalando que permitir el acceso a dichos datos vulneraría la privacidad de más de 90 millones de electores. Pero sobretodo, muestra que el requerimiento de información de la Segob es totalmente incorrecto.
En un boletín, el senador Toño Martín del Campo invitó al INE a mantenerse firme ante las presiones que podría enfrentar, tras la negativa de entregar los biométricos de los mexicanos al estado y aclaró que no seguir con las limitantes jurídicas impuestas desde la ley, representaría una clara violación a los derechos fundamentales de los propios mexicanos.
Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota y el senador Erandi Bermúdez se manifestaron en redes en contra de la vulneración a los derechos humanos, rechazando la autorización para el uso indebido de su información biométrica. Mientras que el coordinador del GPPAN, Mauricio Kuri, se opuso determinantemente a vulnerar la información de la ciudadana.
Y frente a este intento claro de vulnerar la confidencialidad, surge un par de dudas. ¿Cuál sería el uso de nuestros datos y hasta donde llegaría la restricción para el gobierno? La verdad es que aún no hay respuesta y parece poco probable que pronto la tengamos, dado que el actual régimen tiene una intención de centralizarlo todo.
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A su vez en conferencia de prensa, el senador Damián Zepeda enfatizó que en todo caso se requiere de una regulación para establecer los límites de uso que tendría el propio gobierno de la información confidencial, respetando la voluntad ciudadana. Cabe hacer notar que debe abrirse este debate, pero con seriedad, pues la protección de las bases de datos tanto es un tema primordial para la democracia.
Pero con actitudes ventajosas como las que se promueven en la Cuarta Transformación, cada vez estamos más cerca de la estructura omnipresente y controladora, cada vez más lejos de las democracias modernas con amplias libertades, bienestar social y un estado derecho basado en el respeto. Es momento de defender las libertades ciudadanas, pero sobre todo de la libertad de secrecía.