En los tiempos que corren, la democracia se encuentra en una profunda encrucijada donde los organismos autónomos jugarán un importante papel. Y mientras su soberanía e independencia penden de las decisiones del Congreso de la Unión, desde la ciudadanía cada vez hay más voces que reclaman participación en las decisiones para cambiar el rumbo de nuestro país.
Estamos viviendo la historia del futuro, pues ante el preámbulo de la elección federal más grande de nuestra historia, se asoma la renovación de cuatro de los once Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Será, entonces, en la Cámara de Diputados, el escenario desde el que saldrán los nuevos perfiles que ocuparán los asientos de la actual consejera y los consejeros electorales. Y se espera mucho de ellos, porque la tarea que desempeñarán es de vital importancia para la certeza, credibilidad e independencia del árbitro electoral.
Es importante señalar que la decisión que será tomada desde la Cámara Baja obedece a lo mandatado en el Artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto constitucional. Una decisión que comenzará con el Comité Técnico de Evaluación (CTE), el cual será integrado por siete personas: tres nombradas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO); dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El tiempo ya está corriendo y estamos sobre la fecha, pues será en la última semana de febrero cuando el CTE será integrado y, tan sólo un día después, instalado.
La tarea del Comité será la de recibir el listado de los aspirantes, evaluarlos y seleccionar a los mejores en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante para después remitirla a la JUCOPO. Mientras que recaerá en la JUCOPO el impulsar los acuerdos para la elección con tal de remitir a los mejores perfiles al Pleno de la Cámara.
Como lo he dicho antes en este espacio, la importancia en estos nombramientos exige la participación de todos: medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la toda sociedad mexicana. Se debe dar un seguimiento inigualable para evitar que se repita lo sucedido en otras asignaciones de cargos de gran importancia. Como lo sucedido en la elección de la titular de la CNDH.
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Por ello desde el seno del Congreso de la Unión se levanta una petición para establecer un mecanismo de Parlamento Abierto para la selección de las cuatro vacantes. Un proceso totalmente transparente que invite a la discusión a académicos, intelectuales, así como líderes de la sociedad civil. Este modelo que es respaldado por senadores de Acción Nacional, como Toño Martín del Campo, sumará a la discusión opiniones sobre los próximos consejeros y abrirá las puertas para a la transparencia del proceso.
Esta propuesta, que ya es respaldada por diputados del PAN, es un proceso que suma a la democracia, pero que sobretodo abre la posibilidad a la ciudadanía de estar informada y de participar.
Estamos sobre el tiempo y hoy le toca a la Cámara de Diputados fortalecer a las instituciones mexicanas para una democracia estable y confiable para cada unos de los mexicanos.