Estamos a un año del nacimiento de la Guardia Nacional (GN) como institución de seguridad pública y aún estamos esperando los resultados prometidos. La violencia crece, mientras el crimen organizado y las bandas criminales exhiben abiertamente la debilidad del estado mexicano, que el pasado 17 octubre liberó al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en El Culiacanazo.
Parece que nos tienen contra las cuerdas y podría ser verdad, porque de ese incidente que costó un operativo completo contra un líder de un cartel, no se tienen responsables y ni siquiera se tiene un indicio legal de quien podría responder a este fallo que puso en riesgo la vida de una ciudad entera.
No queda duda que los sucesos vividos en el secuestro de la ciudad de Culiacán convirtieron la zona en un escenario perfecto de guerra, y mientras el Gobierno Federal no deja en claro la información al respecto, a cada instante surgen dudas sobre las normativas que gobiernan esta nueva institución mexicana, empezando por las responsabilidades administrativas y penales.
En este contexto, toman fuerza las iniciativas que propuse en la Cámara de Diputados que, además de ser necesarias, revelan vacíos que quedaron desde la aprobación de la Reforma que conformó a la GN. Pues si bien en el párrafo onceavo del artículo 21 de la Constitución se le otorga a la Guardia Nacional el carácter de institución policial al servicio de la Federación, no se señala quienes podrían responder ante fallos que ponen en riesgo a millones de personas.
Es necesario otorgarle la función de supervisión, planeación y ejecución de los operativos de la GN al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con tal de establecer una línea de responsabilidad dentro del organismo.
Con estas nuevas facultades se busca garantizar la integridad de las y los ciudadanos en los territorios con operaciones en proceso, además de revisar el marco normativo de responsabilidades de los altos mandos con tal de apegar el comportamiento de los miembros a un estricto seguimiento de las estrategias diseñadas contra el crimen organizado.
Con esta propuesta se obligará al personal de la Guardia Nacional a sujetarse a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, además de una rígida regulación pues en caso de incumplimiento dentro de los operativos se considerará como falta grave.
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Además, se debe delimitar las funciones de la GN, pues en lo que sí ha servido en su primer año es en fungir como policía fronteriza, tarea para la que no fue creada y en la que sólo puede actuar para cumplir fines de seguridad pública.
Con las iniciativas que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados presentaremos, se tiene la intención de dejar en claro el límite de participación de la Guardia Nacional en los temas fronterizos, así como fortalecer las tareas de esta institución mexicana.