Salud y economía demandan reformas legislativas

Foto: Cuartoscuro (Margarito Pérez/Margarito Pérez)

Aunque actualmente el Congreso de la Unión está en uno de sus recesos, una vez que concluyó el 30 de abril el segundo periodo ordinario del actual año legislativo, la pandemia del Covid19 obligó a suspender las últimas sesiones, y diversos grupos parlamentarios han mencionado la necesidad de llevar a cabo al menos un periodo extraordinario, para legislar sobre materias que quedaron pendientes y son urgentes.

Desde luego, esta posibilidad deberá ser analizada y acordada en la Comisión Permanente, instancia que en su caso convocará a sesionar a una o a ambas Cámaras. Un asunto inmediato a abordar es la puesta en marcha el 1 de julio del Tratado México – Estados Unidos – Canadá, el cual requiere de diversas adecuaciones a la legislación nacional para garantizar igualdad de condiciones a las empresas del país ante el mercado regional.

Aquí entran temas de calidad, propiedad industrial, derecho de autor, impuestos de importación y exportación, disposiciones aduaneras y sobre variedades vegetales. Otro rubro es la iniciativa enviada por el Presidente de la República para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le permitiría al Ejecutivo reorientar recursos a acciones prioritarias en caso de una emergencia de carácter económico y/o en materia de salubridad general, sin esperar la autorización de la Cámara de Diputados.

La emergencia provocada por el Covid-19 y los daños que ha causado a la salud de la población y a la economía nacional, igualmente demandan reformas legislativas para propiciar políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables: quienes han perdido el empleo y su ingreso, discapacitados, trabajadoras con hijos en edad escolar, adultos mayores, entre otros, todo ello encaminado a resolver la emergencia sanitaria y propiciar la reactivación económica.

Hay otros muchos pendientes legislativos, sobre los cuales deberemos trabajar en la Comisión Permanente para definir las prioridades y urgencias, y con base en el consenso al que se llegue, estar en posibilidad de convocar al periodo extraordinario, sin dejar de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para minimizar los riesgo de contagio, dado que la ciudad de México, sede del Legislativo, aún continúa en “semáforo rojo”.

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