Es lamentable y terriblemente alarmante la obsesión del Presidente de la República por desaparecer todo organismo descentralizado, autónomo, es decir, toda aquella entidad que le resulta «incómoda».
En días recientes hemos visto la polémica que se ha desatado alrededor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), debido a la realización de un foro sobre clasismo y racismo en México, para el cual estaba contemplado un personaje que para la Primera Dama (aunque ella diga que no existe la figura) resultó molesto. Solo eso bastó para echar a andar a todo el aparato del estado para linchar y lapidar una institución que tomó muchos años formar y consolidar desde que se fundó en el año 2003 y encabezó Gilberto Rincón Gallardo.
Es importante señalar que dicho Consejo se encarga de recibir y resolver quejas sobre presuntos actos de discriminación, ya sean llevados a cabo por particulares o por autoridades federales, además busca diseñar políticas públicas con el fin de combatir la discriminación y avanzar en la inclusión social y en el derecho a la igualdad.
Probablemente el Conapred tenga deficiencias, sin embargo, lo que se necesita es fortalecerla como lo recomienda la ONU, con recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para brindar una atención efectiva a todos los casos de discriminación. Desafortunadamente hoy parece que la historia de esta institución se encuentra en peligro, cuando el Presidente de la República fue cuestionado sobre si debe desaparecer dicho Consejo, señaló que sí y “que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo”.
El Ejecutivo Federal ha intentado de asfixiar a la Comisión para la Atención de Víctimas, así como al Instituto Nacional Electoral; esto no se puede permitir y tendremos que poner un alto a estas intentonas que afectan el funcionamiento institucional de nuestro país y aumentan la concentración de poder en una sola persona. Olvida el presidente que los organismos constitucionales autónomos tienen su fundamento legal nuestra Constitución y para modificarlos o extinguirlos se necesita una mayoría calificada en el Congreso con la que, por fortuna, no cuenta Morena y sus aliados, es decir, el Ejecutivo Federal no puede ordenar autoritariamente su desaparición.
Lo que debería ser prioridad para este gobierno es la vida, la salud, la seguridad y la economía de los mexicanos, mas no la concentración del poder. Entre más poder pierden las instituciones, más poder adquiere López Obrador, lo que nos acercaría peligrosamente al autoritarismo.