El derecho a la no discriminación figura en primerísimo término en la Constitución Política.
Para ubicar la reflexión, es útil citar textualmente el párrafo final del artículo 1º de nuestra Carta Magna:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Para garantizar este derecho constitucional es que en 2003 el Congreso de la Unión creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo marco se estableció como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido por su sigla, Conapred.
La erradicación de todo tipo de discriminación es una tarea relevante, porque la existencia de toda exclusión o restricción es causa y síntoma de desigualdad social, y opera siempre en contra de los derechos de los sectores más vulnerables.
La no discriminación es un principio fundamental para que la libertad y la igualdad de todas las personas se puedan ejercer a plenitud.
Su cumplimiento, como el de todos los derechos humanos, es una responsabilidad irrenunciable del Estado. Eso no está a discusión.
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Lo que tenemos que considerar en la actual etapa de transformación de la nación en todos los órdenes, es si el pleno ejercicio de derechos y libertades requiere necesariamente de pesadas y onerosas estructuras burocráticas, y en general si un Estado obeso es un buen garante de las acciones afirmativas en pro de la igualdad y la inclusión social; puede que sea al revés.
Desaparecer o modificar el Conapred es un tema que en su caso el Congreso de la Unión deberá abordar con todo detalle y profundidad.
Nuestro objetivo radica en fortalecer y hacer respetar los derechos humanos, y hacerlo con oportunidad y eficacia.
La tarea de gobierno no es construir estructuras de grandes organigramas ni abultadas nóminas, pues eso es en estos tiempos un derroche ya inadmisible, intolerable para un país en que la mayoría de la población sufre grandes carencias.
El reto, no lo perdamos de vista, es garantizar derechos humanos, libertades y oportunidades, inclusión y bienestar para toda la población. Y hacerlo optimizando los escasos recursos.