Hace apenas dos años la Cuarta Transformación comenzaba a dar sus primeros pasos en la selva de la política nacional y mucho ha cambiado desde entonces. Las promesas, que debieron convertirse en realidad, ahora son pena y decepción para muchos de los ciudadanos que en 2018 optaron por el cambio de régimen que representaba, pues prometer cuesta nada, pero cumplir es otro asunto.
Ahora entre el gobierno, que prometía un combate férreo contra la corrupción, crece la misma plaga que combatía en su temprana edad; mientras que las adjudicaciones directas tocan límites nunca antes vistos, designando 77 por ciento de los contratos de esta forma.
Una política de la que las familias de la 4T se han visto beneficiadas. Ahí tenemos los contratos que desde el 22 de mayo de 2019 habría adjudicado Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a 23 empresas que forman parte del consorcio controlado por su familia.
El tema no quedó ahí, pues el 15 de abril (en plena pandemia), el hermano del funcionario federal, Gabino Robledo, fue beneficiado con un contrato por parte de la Delegación del IMSS en Puebla, el cual fue denunciado por la plataforma Latinus.
En ese sentido, las investigaciones hacia altos funcionarios por actividades financieras tampoco se han detenido. Y para ejemplo tenemos el caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien fue exhibido en una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, donde se arrojó a la luz pública el imperio inmobiliario con que cuenta.
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Son 23 casas de lujo en las zonas más caras del Valle de México las que forman el patrimonio del funcionario de la 4T. Además Bartlett declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019 una fortuna por 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo el reportaje denuncia una riqueza 16 veces mayor contando sólo propiedades.
Pero si hacemos memoria de las prioridades que se señalaban en ese lejano 2018, podemos observar otra prioridad que no ha sido resuelta: la inseguridad.
A finales de 2019 se señalaba que ese año sería el más letal en materia de violencia para México, ya que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se habían registrado más de 30 mil homicidios al llegar el último día de diciembre.
Desde entonces, las acciones federales para frenar la ola de crímenes son casi imperceptible, dejando en los primeros seis meses de 2020 una cifra por más de 14 mil asesinatos; es decir de 82 casos diarios. Además, los casos de feminicidio van en aumento, dado que en 2018 se registraron 891, mientras que en 2019 se alcanzaron 983. Según datos de SESNSP este año van 375 casos de enero a mayo.
Y con todo y la Guardia Nacional, que fue apoyada desde el Senado de la República, los resultados no se dejan ver. Fue así que el gobierno federal decidió lanzar el Programa Sectorial de Defensa Nacional (PSDN 2020-2024), el cual plantea regresar al ejército a las calles, una estrategia que claramente rechazaba la 4T en sus inicios.
Y mientras el problema de la violencia continúa desatando la guerra en las calles del país, en materia de salud el descuido parece ser aún mayor, pues la escasez de medicamentos se asienta. El Colegio mexicano de Oncología Médica (CMOM) denunció la falta de fármacos para pacientes con cáncer, donde miles de niñas y niños se encuentran desatendidos por las fallas en el sistema.
Ante esta precaria situación debiera ser una opción el fortalecer el sistema de salud, el cual ha sido golpeado constantemente al desaparecer el Seguro Popular, dejando sin tratamiento a millones de personas.
En este escenario arribó el Covid-19 a nuestro país. Con un Sistema de Salud poco preparado para enfrentar la pandemia más fuerte de los últimos tiempos. Hasta ahora, los fallecidos por la plaga suman más de 28 mil casos, superando a España, nación donde el virus generó mayores estragos en Europa.
Los contagios del coronavirus en México alcanzan a más de 231 mil enfermos, mientras la Secretaría de Salud sigue sin actuar a tiempo y en forma para mitigar los efectos de salud y económicos. Pues el confinamiento engrosó las filas del desempleo en mayo con una tasa de 4.2%, sumando 1.9 millones de personas al empleo informal y con 12 millones de personas fuera de la fuerza laboral desde abril.
Con estos escalofriantes datos, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga en 2020 hasta 10.5% con una lenta recuperación, pero las goteras en materia económica no llegaron con la tormenta del coronavirus, sino que la estrategia de la 4T venía presentando errores visibles desde 2019 cuando se tuvo un desempeño de menos 0.1%.
La Cuarta Transformación pone poco interés en los temas primordiales para el país y no frena el golpeteo hacia las instituciones y organismos autónomos. Busca dominarlos como fue el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se puso a una porrista del sistema al frente; busca eliminarlos como se hizo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o se intenta con Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto nacional Electoral (INE).
Acción Nacional tiene una visión totalmente distinta a la de este gobierno. En cada uno de los 10 estados y 400 municipios en los que gobierna se está trabajando a favor de la vida, el ingreso familiar y el empleo, además que el impacto del coronavirus ha sido mucho menor.
Tanto diputados como senadores del PAN impulsan apoyos directos a trabajadores mexicanos formales e informales para no dejar caer la economía nacional con programas como el Ingreso Básico Universal en un plan emergente.
México necesita un cambio de rumbo a dos años de la llegada de la 4T, a un año de las elecciones intermedias, URGE.