La corrupción en nuestro país tiene altos costos no sólo políticos, sino económicos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un país corrupto, tiene -de cajón- 5 % menor inversión. Pero eso no basta, un país donde hay corruptos, existe, por ende, desconfianza institucional, que no deriva en otra cosa que en tener personas a merced de decisiones que, prácticamente, y desde las instituciones del Estado, deciden a raíz de cada acto de corrupción.
Es muy necesario, lejos de si es el narco o no o sin son los jueces o no, poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de hacer una agenda anti-corrupción. Analizar sus causas, encontrar áreas de riesgo, así como examinar sus mecanismos de operación ayudaría en gran medida a encontrar estrategias existirás para frenar ese cáncer que imposibilita toda opción de desarrollo y de pacificación.
Queda claro, por los casos, que el Poder Judicial y sus instituciones es en donde se prestan más condiciones para que la corrupción suceda. Prácticamente, el 80 por ciento de los mexicanos no confía en este Poder debido a tales actos de corrupción.
Ahora lo que está en riesgo no sólo es el funcionamiento del sistema (cualquiera que éste sea), sino peligra la vida de las y los funcionarios públicos que son incorruptibles ante el escenario de la normalización de la corrupción.
Por ello, tenemos que entender que esto no se debe tratar como casos aislados, sino de forma integral porque, además, la corrupción no comienza ni termina en el sector público o en un caso determinado, es un entramado de complicidades que más valdría confrontar antes de que la “oferta” y “demanda” termine por secuestrar -todavía más- a este país.