Con la extradición de Emilio Lozoya a México, en donde es inculpado por los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude, se ha manejado en los medios de comunicación, así como en el gobierno federal, la posibilidad de que proporcionará información valiosa y pruebas contundentes sobre la participación en dichas conductas delictivas de otros funcionarios de alto nivel en el sexenio pasado, incluso se ha mencionado al ex presidente Enrique Peña Nieto.
La Constitución Federal en su artículo 87, establece que el Presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”.
Lo anterior, implica que todos y cada uno de los actos que lleven a cabo los Titulares del Ejecutivo Federal deben hacerse con respeto a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como que, en caso de NO respetarlos, proceder en su contra como en derecho corresponda.
En este sentido, considero que, la persona que haya ocupado el cargo de Presidente de la República por el alto honor que esto representa, en su caso, debe ser investigado y castigado, puesto que, en un verdadero estado de derecho, a todas las personas, sin excepción, aun hayan ocupado los cargos más importantes, deben ser sujetos de investigación, enjuiciamiento y castigo, nadie debe estar por encima o al margen de la Constitución Federal.