Todas las leyes de nuestro país son obligatorias, impersonales, abstractas, permanentes y de aplicación general, por lo que toda persona que haya cometido una conducta o actividad ilícita, sin importar que se trate de expresidentes, exsecretarios de estado o aun siendo servidores públicos en funciones, deben ser llevados ante la justicia, recibir un juicio justo y en caso de resultar culpable, que cumplan su condena.
La sociedad mexicana no merece, ni espera menos, sólo que se cumpla la ley, sin embargo, si la autoridad opta por utilizar el aparato de procuración de justicia para afectar a rivales políticos, sería lo más bajo que un gobierno, que se dice democrático, podría hacer.
Este lunes, durante su mañanera, el Presidente de la República dijo “hay que cuidarlo” refiriéndose a Emilio Lozoya, quien por cierto no ha pisado la cárcel desde su extradición y es uno de los personajes más obscuros y turbios del sexenio de Enrique Peña Nieto y que representa a una de las administraciones más corruptas en la historia de nuestro país; grave declaración del titular, no debemos olvidar que Lozoya fue detenido en España, tras ser imputado de delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Esta serie señalamientos realizados por el propio gobierno federal, dan cuenta de la forma en que sus acciones pudieron afectar las finanzas públicas de nuestro país, costando miles de millones de pesos a todos los mexicanos. Asimismo se le acusa de haber creado y operado toda una red financiera para fondear de manera ilegal la campaña del entonces candidato EPN en 2012.
Este personaje no debería estar en el país bajo la promesa de que va a «mencionar a cómplices» de estas tropelías a cambio de impunidad.
Qué lamentable sería si este gobierno elige utilizar selectivamente esta información para afectar a sus rivales políticos y no para buscar la impartición de justicia y retorno del dinero quebrantado a nuestro país. Ojalá que el Presidente López Obrador no caiga en la tentación de usurpar también las funciones del poder judicial y dé impunidad a quien no la merece.