Considero que la difusión de los videos de Emilio Lozoya y de Pío López Obrador, forman parte una estrategia mediática, mas no legal y ahora explicaré porqué.
En el caso de Lozoya, sabemos que en teoría, el Ministerio Público ya tenía en su poder el video, lo que no sabemos es si la difusión fue responsabilidad de la parte acusadora o por la defensa, desconocemos si el video será usado como prueba durante el juicio y también desconocemos cómo fueron obtenidas las imágenes, ni si su obtención fue legal o ilegal. Tampoco sabemos si será usado en el juicio, por lo que incluso, estaríamos hablando de una prueba irrelevante desde el punto de vista penal.
En el caso de las imágenes donde se identifica a Pío López Obrador y David León, donde éste ultimo entrega dinero con fines electorales, ya hay una demanda formal ante la FGR. Lo que pudiese suceder es que a partir de ésta denuncia, la FGR comience a investigar y determine si efectivamente las recursos fueron obtenidos de manera lícita y fueron usados para un fin lícito. Si se comprobara lo contrario, incluso, la casa de Pío tendría que ser confiscada y rematada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque el inmueble fue usado como instrumento para entregar u ocultar dinero presuntamente ilícito.
Éstos videoescándalos están afectando severamente la credibilidad de las instituciones del Estado, del ejercicio de la política, de las y los políticos, porque en los dos materiales difundidos, para la ciudadanía, queda completamente claro que hay integrantes en todos los partidos políticos que manejan por “debajo de la mesa” y de una manera no legal, grandes cantidades de recursos sin que se reporten a la autoridad electoral encargada de la fiscalización durante la realización de las campañas.
Evidentemente, lo anterior, debilita la imagen pública de quienes ahí participan y además, de toda la clase política, porque en el imaginario colectivo se va figurando la creencia de que todas las personas o partidos que participan en política, actúan de manera similar. Se refuerza la idea de que en que el ejercicio de la política es en esencia un “toma y daca” de maletines de dinero, en una entrega y recepción de cantidades exorbitantes de recursos y eso no es la política ni la esencia del servicio público.
Estos videoescándalos demuestran que éstas no son las formas, los modos, ni la manera en que ningún político debe de actuar. México debe fortalecer sus instituciones de combate a la corrupción para que de ésta manera, podamos terminar con estas muy malas prácticas y no quede solamente en una exhibición en los medios de comunicación masiva, porque ello, no inhibe dichas prácticas ni se sancionan y quedan solamente en una manifestación de conductas inmorales, ilegales, pues al no existir una sanción efectiva en base al derecho para el o los responsables, la ciudadanía pierde la confianza en la democracia como un método efectivo de gobierno que genere mejores condiciones de vida para todas y todos.