En medio de pancartas, gritos y con el robo de dos votos, fue el escenario ante el cual, Rosario Piedra Ibarra tomó protesta como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2019.
Sin duda, ha sido la elección más desaseada de la que se tenga memoria. Desafortunadamente, no ha sido lo único sórdido en esta nueva administración. Diez meses después de asumir el cargo, no se ha cumplido con la obligación constitucional de investigar presuntas violaciones de derechos humanos, ni tampoco ha formulado recomendaciones públicas, denuncias o quejas contra las autoridades responsables.
El organismo autónomo que nació con la obligación de proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar la cultura del respeto a los derechos humanos en México, está ausente. Cabe recordar que en más de seis meses de contingencia sanitaria, no ha emitido ninguna recomendación general sobre Covid-19.
Es más, la actividad de la CNDH ha disminuido lastimosamente. Comparando enero-agosto de 2019 con el mismo periodo de 2020, se han emitido 50% menos de recomendaciones particulares, y 67% menos de recomendaciones generales, aún y cuando a decir de ex servidores públicos de esa institución, desde las Visitadurías Generales se ha trabajado para garantizar los derechos humanos de los mexicanos.
Hoy, se ha hecho evidente la falta de empatía y sensibilidad de la CNDH con las personas que acuden ante sus puertas para pedir respaldo. Han demostrado que primero se hacen cálculos políticos para no lastimar a los funcionarios de la 4T, antes que ayudar a las víctimas.
Por ello, la ombudsperson tiene la gran responsabilidad de valorar su estancia al frente de la misma, ya que alguien que no puede ser autónomo, ni reconocer los errores de la actual administración por una sujeción personal, no debe dirigir esa institución. Ojalá tenga la altura de miras para corregir el rumbo.