Durante septiembre del 2017 dos sismos sacudieron la ciudad. El primero, el día 7, registró una magnitud de 8.2 grados, mientras que el segundo, el día 19, fue de 7.1 grados, ambos en la escala de Richter.
El sismo del 19 de septiembre, en términos habitacionales, en extensión y en número de construcciones afectadas, fue uno de los más destructivos en los últimos 100 años.
En contraste con el anterior gobierno que no entregó uno solo inmueble, (15 meses de parálisis), ya hemos entregado 6 mil viviendas, y este año llegaremos a entregar el 100% de las 7 mil 200 viviendas unifamiliares censadas por este gobierno, y al 75% de los multifamiliares intervenidos y además, ya se están valorando las 9 mil 965 viviendas que se incorporaron al programa en el 2019.
En promedio la Comisión para la Reconstrucción está entregando 10 viviendas diarias completamente rehabilitadas o reconstruidas.
Hemos entregado hasta el momento, 102 de los 370 edificios afectados por el sismo, y quedarán por intervenir 25% de los edificios en el 2021, se proyecta que las obras estén concluidas en el 2022.
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Tuvimos que comenzar de cero, pues el gobierno anterior no tenía un censo terminado, a esto hay que agregar la complejidad técnica de cada obra de reconstrucción.
En 600 días de Gobierno, han regresado a una vivienda digna y segura 20 mil personas después del sismo del 19S, lo que equivale a llenar dos veces el Auditorio Nacional.
El gobierno ha reconstruido y rehabilitado 402 mil 724 metros cuadrados lo que equivale a reconstruir 40 veces la Basílica de Guadalupe.
Hemos reconstruido y rehabilitado 555 niveles de edificios, que equivale a reconstruir 10 veces la Torre Mayor.
Todos sabemos que en nuestra ciudad no dejará de temblar, y tenemos que aprender que la mejor manera de estar a salvo es contar con construcciones seguras desde sus cimientos, y evitar la autoconstrucción sin la asesoría de un técnico, un responsable de obra, un especialista en ingeniería, de lo contrario se compromete la estructura y seguridad de las casas y edificios.
Por tratarse de un proyecto prioritario, durante los meses que han transcurrido de la emergencia sanitaria por COVID-19 no nos hemos detenido.
Haremos también la reubicación de 316 viviendas, para lo cual firmamos un convenio de compra-venta del predio “Arboledas”, en la Alcaldía de Tláhuac; este proyecto concluirá en el 2021.
Para las personas que han optado por vivir en otras entidades se les dará el dinero equivalente al inmueble que dejan y que se encuentra en una zona de riesgo.
Mi compromiso como Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México es que para el cuarto aniversario del sismo -en el 2021-, ya tendremos todos los inmuebles intervenidos, y solo queden algunos por entregar.
Hemos actuado con contundencia; en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se ha sancionado a las empresas que construyeron los inmuebles de Insurgentes Norte 1260, Calzada de Tlalpan 550, y Zapata 56 afectados por el sismo, hay órdenes de aprensión contra los Directores Responsables de Obra (DRO), pues es fundamental que todos los constructores entiendan que las vidas de las personas están en sus manos, y no pueden violar la ley.
El Reglamento de Construcciones capitalino -que se ha actualizado tras los sismos de 1985 y 2017- es muy bueno, pero no debe permitirse la corrupción, como ocurrió con estos tres inmuebles.
La Secretaría de la Contraloría General ha multado también a empresas que participaron en la reconstrucción de siete inmuebles como consecuencia de atrasos o deficiencias en las obras, y en algunos casos se están solicitando las fianzas.
El reto ha sido organizar a las más de 400 empresas que nos ayudan en las obras, territorializamos para dar servicio, además de que se replanteó todo el proceso de reconstrucción.
Las demoliciones de los inmuebles dictaminados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, se han realizado de manera expedita, garantizando la seguridad de las personas que habitan los inmuebles colindantes.
Hasta el momento hemos demolido 48 edificios, además, el actual gobierno ha logrado reducir los costos con las empresas, pues mientras en la anterior administración se pagó entre 2 y 3 mil 500 pesos el metro cuadrado para la demolición de edificios dañados, en esta gestión se bajó a 550 pesos el metro cuadrado.
Además, se han fijado cuotas fijas con las empresas que participan en la reconstrucción para pagar 8 mil 500 pesos el metro cuadrado de construcción de vivienda unifamiliar, y entre 12 mil y 14 mil el metro cuadrado en edificios multifamiliares. “Sin corrupción alcanza para más”, como asegura Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
También estamos interviniendo 21 iglesias catalogadas como históricas o patrimoniales: 16 obras están en proceso, en una iglesia ya concluimos la intervención y en 4 más se está realizando el proyecto de la obra.
Hemos garantizado el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas.
Informamos del destino y la utilización de cada peso de los recursos públicos que se han destinado a las distintas acciones, aportaciones y el gasto público ejercido por concepto de Reconstrucción.
Lo anterior a través del Portal para la Reconstrucción de la Ciudad de México, como herramienta de acceso a la información, transparencia y de rendición de cuentas del proceso de Reconstrucción.
“Sin corrupción, alcanza para más”, como asegura Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Con los resultados obtenidos hasta ahora y los que faltan por venir, refrendamos nuestro compromiso con quienes perdieron su patrimonio; y no nos detendremos hasta que la última persona damnificada regrese a su hogar.
Cada integrante de una familia que ha recibido su hogar durante la actual administración, dejó de ser una persona damnificada para ser un ciudadano que ha recuperado su derecho a una vivienda digna y decorosa, como lo establece la Constitución Política de nuestro gran país.