Empecemos porque cualquier decisión que se tome debe estar bien fundamentada. No debemos permitir que sea una en la que la política vaya como brújula y no el Estado de Derecho. No está el momento histórico como para no tener argumentos que nos permitan hacer debates de altura porque lo que está en juego mucho más que una simple consulta.
De ser una decisión jurídicamente débil, podria atentar contra la credibilidad de la institución. Tenemos el precedente cercano de la Ley Bonilla en el que la SCJN dio un golpe en la mesa en favor del Estado de Derecho.
Es un buen momento para que los ministros designados en la presente administración den clara muestra de su autodeterminación.
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Desde mi grupo parlamentario en el asentado estamos convencidos que hay que cuidar ese respeto por la Constitución. Que antes de cualquier otro interés, esa es nuestra principal tarea y reto frente al embate político que podría poner en riesgo ese Estado de Derecho consolidado y del que se puede hacer uso no populista ni faccioso de la Ley.
“Nadie por encima de la Ley”, se supone que el Presidente está de acuerdo con esto, entonces, lo importante sería que las leyes no sean “letra muerta” y se apliquen. Este precedente es importante, sea cual sea la decisión. La firmeza que deberíamos seguir sosteniendo y vale la pena repetirlo es que “nadie por encima de la Ley”.