López Obrador hizo campaña explotando políticamente la corrupción del gobierno de Peña Nieto y etiquetó a todos los que no comulgan con él como corruptos con una larga lista de descalificaciones entre las que destacan: “chayotero”, “corruptazo”, “vendido”, “hampón”, “mafioso”, “rufián”, “pillo”, entre muchos otros.
Tan importante es el tema anticorrupción para el proyecto político de morena que, en palabras del presidente, si pudiera resumir su plan de gobierno en una frase sería “acabar con la corrupción y la impunidad”, aunque la realidad mostró que solo fue un lema de campaña.
Todos recordamos la respuesta del tabasqueño cuando se publicaron los videos que mostraban a su hermano, Pío López Obrador, recibiendo dinero en efectivo para “apoyar” el movimiento (morena), fechados en 2015, justo un año después de que morena ya hubiera conseguido su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral. Según el contenido del propio video, hacía año y medio que recibía efectivo de esta manera. El presidente afirmó que se trataban de “donaciones de la gente” y en el Congreso dijeron que los videos eran parte de “una estrategia de la derecha corrupta”. La realidad es que hoy, no hay un solo responsable procesado por la justicia.
Pero no son los únicos casos de corrupción dentro del Gabinete de este gobierno. La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que se está investigando a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte, por presuntas irregularidades en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) por 50.8 millones de pesos. La exatleta fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber cometido extorsión y pedir sobornos a una empresa para asignar de manera directa el contrato de “Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, con vigencia del mes de agosto a diciembre del año pasado.
Por su parte, diarios nacionales informaron sobre un presunto contrato de 4 mil 968 millones de pesos para el acondicionamiento de los terrenos de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que favorecía al Grupo Huerta Madre y al empresario Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía.
La expresidenta de morena, Yeidckol Polevnsky fue denunciada por el propio Comité Ejecutivo Nacional de su partido por presunto daño moral y lavado de dinero, las cuales se desprenden de una auditoría interna hecha a la gestión de Polevnsky que arrojó que el partido realizó contratos millonarios para la compra de inmuebles, la remodelación de edificios inexistentes y otros servicios no cumplidos. Según los denunciantes, otra irregularidad detectada es que supuestamente los contratos fueron firmados únicamente por ella, sin la autorización del Consejo Nacional del partido, y que fueron liquidados a través de transferencias bancarias realizadas en diciembre de 2019.
Incluso la titular de la SFP fue señalada por presuntamente poseer un patrimonio en inmuebles por 60 millones de pesos, una cantidad que es cinco veces superior a la que reportó en su declaración de bienes.
Pero el uso opaco de recursos públicos es un sello del gobierno pues según una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de cada 10 pesos que el gobierno federal gastó en compras públicas durante 2019, 4 pesos fueron para contratos adjudicados directamente, es decir, para los amigos y sin evaluar si había opciones más baratas o viables.
La simulación ha sido una constante en morena, modifican discursos y posturas dependiendo de si las circunstancias les favorecen o no, por eso debemos abrir los ojos y no dejarnos engañar, frente al 2021 no podemos quedarnos con las manos cruzadas, debemos ponernos de acuerdo y recuperar al México que todos queremos. Al tiempo…