Los derechos laborales adquiridos deben de respetarse. No por nada, detrás de cada derecho laboral hay una lucha histórica por conseguirlos. El problema de violentarlos es que deja la puerta abierta a la posibilidad de que no se haga una vez, sino se perpetúe una práctica que es inconstitucional.
¿Por qué? Porque los derechos son irrenunciables y aunque el Presidente habla de la voluntad de las y los trabajadores para hacerlo de manera que cada quien decida si lo hace o no y, por tanto, supuestamente, no es obligatorio, no debe suceder porque trasgrede el trabajo de quien se los gana.
En un país donde constantemente se violan los derechos laborales, es contradictorio que un mandatorio promueva esto. Ahora bien, por supuesto, que esta crisis económica por la que todos estamos atravesando debe motivarnos a la generosidad en todo sentido, sobre todo con los que menos tienen. Pero una cosa es una invitación abierta y otra una narrativa de “voluntariamente a fuerza”.
Lo que puede ocasionar es orillar a que las y los empleadores en el ámbito de lo privado también lo hagan. Y esto no debe ser así. El Gobierno está para que se hagan factibles soluciones estratégicas sobre los problemas públicos, no para lanzar campañas de cooperación entre las y los empleados.
Es absurdo, inconstitucional e indolente ante quienes tienen como garantía ese derecho adquirido.
Lamentablemente, el populismo barato vende bien la idea de que ésa es la única manera de hacerle frente a la crisis, cuando esto no es así. En lugar de ocupar el tiempo y el dinero de otros en esto, es para que ya tuviéramos el ingreso vital, por ejemplo, u otros incentivos para reducir los efectos graves de la pandemia. Quitarle a las y los burócratas sus aguinaldos no es ni una “aspirina” para la crisis que ya es y menos para lo que viene. No deberíamos ni siquiera aceptar la “idea”.