No solamente no es adecuado, sino también es inconstitucional, ya que atenta contra derechos adquiridos, violenta el artículo 123 Apartado B, fracción IV que establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida, así como el artículo 127 que refrenda que la remuneración de las y los servidores públicos se determina anualmente y de manera equitativa, en base al Presupuesto de Egresos de la Federación.
En consecuencia, la eliminación de una prestación como lo son los aguinaldos de los servidores públicos, es totalmente ilegal. El sueldo de las y los funcionarios, no se puede bajar, no se puede disminuir durante un ejercicio y mucho menos se puede eliminar un derecho laboral a través por decreto.
Es una medida que no implica tampoco un ahorro significativo para el Gobierno Federal, dado que el decreto del Presidente, afecta a mandos medios de la Administración Pública como lo son: Directores Subdirectores y Jefes Departamento, cuyas percepciones mensuales netas, son en promedio de 50 mil, 35 mil y 20 mil pesos mensuales, respectivamente, por lo que el ahorro de la medida será de cuando mucho 500 millones de pesos, es decir, apenas el 0.36% del total.
Lo más absurdo, es que según el Tercer Informe Trimestral de la SHCP muestra que lo ahorrado por las medidas de austeridad en materia de salarios al mes de septiembre, es de apenas 300 millones de pesos.
A través de este de decreto, el Presidente va a restituir su aguinaldo a la Tesorería de la Federación y él espera con ello, dar una línea de acción para que los servidores públicos, por lo menos los de confianza, los de mandos medios y altos, sigan su ejemplo y también hagan lo mismo.
Es importante resaltar que si los servidores públicos son obligados a imitar este ejemplo del titular del Poder Ejecutivo, los trabajadores cuentan con herramientas legales para solicitar la restitución de su aguinaldo e incluso para solicitar que se sancione a quien haya dado la instrucción.
El aguinaldo no es un privilegio, es un derecho irrenunciable y todos los servidores públicos tienen derecho a recibirlo.
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El servicio público es un labor de gran compromiso y responsabilidad, por lo que sus derechos laborales no solo deben ser respetados, sino también protegidos.
Es claro que ya hay una pretensión para reducir el monto de su aguinaldo de manera unilateral, luego entonces, hay una violación a un derecho. Aquí lo más importante es conocer quién se va a inconformar.