En un primer momento y mientras no exista la producción suficiente para que el sector público y el sector privado tengan acceso a ella, considero pertinente que sea el sector público quien se encargue únicamente de la compra y de la distribución para que se garantice que todo el personal de salud, el personal de seguridad, así como aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo, sean los primeros inoculados, pero, en cuanto exista suficiencia de producción, se debe abrir la posibilidad de que el sector privado también tenga acceso a la vacuna para que de ésta manera, las personas que tengan la posibilidad de adquirirla, lo hagan y así se blinde a toda la población.
Aquí el tema esencial, son los tiempos.
Si el sector público es el único encargado y responsable de llevar a cabo la vacunación, tardaría mucho en inmunizarnos a todos, en cambio, si se permite que el sector privado también tenga acceso a ella cuando exista la suficiencia, se podrá avanzar en menor tiempo en la cobertura total a los habitantes y esto, obviamente, reducirá los riesgos para todas y todos.
Si el Gobierno Federal no va protegiendo paulatinamente a todas las familias, va a dejar en desamparo a las personas más necesitadas y que menos tienen, ya que si ellos son contagiados por el Covid-19, tendrán menos posibilidades de atenderse a tiempo y en un hospital con la infraestructura suficiente que le garantice mantener su vida.
En cambio, si las autoridades sanitarias impiden que aquellas personas que tienen la posibilidad de adquirir la vacuna lo hagan, entonces seguirán en riesgo latente de ser contagiados por aquellos que aún no han sido vacunados en el sector público.
En suma, considero que efectivamente, éste debe ser un proceso por etapas, pero también en algún momento, debe abrirse la participación al sector privado para avanzar mucho más rápido en este proceso.