¡Arbitro justo!

En definitiva y como hemos señalado en este espacio desde el 28 de febrero de 2019, la suspensión íntegra de las conferencias mañaneras desde el arranque de las precampañas hasta el día de la Jornada Electoral es una medida respaldada en la constitución y nada tiene que ver con un ataque a la libertad de expresión.

Por eso la cruzada de la Cuarta Transformación por mantener su transmisión intacta comienza a rayar en el espacio de la anticonstitucionalidad, desnudando el verdadero carácter de la actual administración la cual, al parecer, se siente por encima de la ley.

Y dejémoslo en claro, la difusión de mensajes gubernamentales son tema de orden nacional que deben ser presentados y atendidos por los medios de comunicación, pero durante las elecciones es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien administra los tiempos de radio y televisión, velando por la certeza e imparcialidad de los procesos.

Así lo plantea el Artículo 41, apartado A de nuestra Carta Magna, donde queda en claro que no se trata de censura sino de una medida para evitar la intervención gubernamental durante los Procesos Electorales. Además en los últimos dos años, los criterios vigentes indican que en este periodo se debe suspender la transmisión integra de las ‘mañaneras’, tal y como lo señaló el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Este es el momento para que el Ejecutivo Federal muestre su imparcialidad, así como la buena administración de los recursos públicos sin influir en los comicios próximos donde se pondrá en juego más de 21 mil cargos de elección popular, entre los que se encuentran 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas.

Dentro de las elecciones de este año, las más grandes de nuestra historia, debe permear el respeto a las leyes y la competencia alejada de los reflectores de la actual administración, respetando la decisión de las y los ciudadanos. Una misión que todos los actores políticos deben defender en los próximos comicios.

Por ello, el consejero del Poder Legislativo de Acción Nacional (PAN) ante el INE, Toño Martín del Campo junto con legisladores panistas, se pronunciaron a favor de la autoridad electoral señalando que el Artículo 134 constitucional prescribe que los servidores públicos tienen la obligación de ser responsables con el manejo de los bienes nacionales, evitando intervenir en la competencia de los partidos políticos.

Nadie en México, ni en ninguna parte del mundo puede estar por encima de la ley, ya que es en el estado de derecho donde se construye en gran parte la democracia que todos tenemos la obligación de salvaguardar.

Sin duda, es perverso que alguna persona moldee o doblegue la legalidad a su conveniencia, una acción que debe tener consecuencias como lo podemos ver en Estados Unidos donde las acciones del presidente Donald Trump, que incentivaron la violencia en el Capitolio, lo pone contra las cuerdas dado que La Cámara de Representantes votó a favor de un juicio político en contra del mandatario.

Este es el segundo proceso de este tipo que enfrentará Trump, quien dejará la Casa Blanca el próximo 20 de enero. El presidente de E.UA. enfrentó su primer juicio político en febrero pasado y fue absuelto por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Ahora será en el Senado donde la resolución por el cargo de ‘incitación a la insurrección’ tendrá cabida. Una situación que deja un fuerte precedente no sólo para el vecino del norte, sino en todo mundo, porque la discusión de fondo es la defensa de las instituciones, la importancia de la separación de poderes y el respeto a la legalidad sobre los caprichos de un solo hombre.