El caso del general Salvador Cienfuegos ha generado muchas preguntas que no se van a responder jamás. No es sorpresa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado carpetazo al caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Hubo muchos ingenuos, varios de ellos defensores de la 4T, que pensaron que la detención, en Estados Unidos, del general Cienfuegos era gracias al actual gobierno, nada más equivocado que ello. No solo era una afrenta contra la milicia en nuestro país, sino contra el presidente López Obrador, quien ve al ejército como su brazo ejecutor de prácticamente todas sus obras de gobierno.
El problema para López Obrador y su gobierno es la falta de credibilidad en cuanto al combate a la corrupción y los privilegios que tanto se quejaron de gobiernos anteriores. Es cierto que el informe que se dio a conocer, sin permiso de la DEA tenia serios cuestionamientos, sin embargo, es aún más lamentable la falta de seriedad y autonomía de las instituciones en nuestro país.
No se puede asegurar que existan elementos para enjuiciar al general Cienfuegos, tampoco se le puede declarar culpable de algún crimen. Lo cierto es que cuando nos enteramos que la investigación correría a cargo de las autoridades mexicanas, todos sabíamos que no iba a proceder ningún tipo de acusación ni si quiera un inicio de investigación en contra del general.
Hoy sabemos que este gobierno es igual a los anteriores, defenderá lo que le beneficie y atacará al pasado o lo que le incomode. Porque, al igual que en otros momentos, los acusados no serán quienes deben ser, sino quienes escoja el grupo en el poder.
El juicio contra el general Cienfuegos no se dará, tampoco el juicio contra cualquier personaje cuestionable o corrupto que apoye a López Obrador, porque en este momento no hay nada mas conveniente que apoyar al presidente, porque en este gobierno quien apoya al presidente no debe de preocuparse porque no le pasará nada.