La figura de organismos autónomos tiene carácter Constitucional, de tal suerte que modificar su categoría implica un gran esfuerzo de diálogo y construcción de acuerdos con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
La autonomía que la Carta Magna le otorga a diversas instituciones públicas obedece a que se buscó que su trabajo estuviera al margen del debate político y que, en consecuencia, su labor se concentrara en aspectos técnicos.
Sin embargo, en varios casos se ha desvirtuado esa función y los organismos autónomos se han politizado, constituyéndose en espacios que son utilizados ya sea para obstaculizar a los poderes o como una especie de contrapesos que no responden a su razón de ser.
Además debe considerarse que en esos organismos con frecuencia se actúa con gastos excesivos, particularmente en lo que se refiere a los ingresos que perciben sus cuadros directivos.
En ese sentido, es loable analizar con absoluta objetividad y a profundidad lo que está sucediendo con los organismos que gozan de autonomía constitucional.
Es indispensable revisar sus atribuciones, su forma de operar y de integración para garantizar a toda la ciudadanía contar con instituciones que sean útiles y cumplan con los objetivos para los que fueron creadas.
Lamentablemente, en ocasiones, se ha confundido la autonomía con la falta de colaboración y coordinación con los poderes públicos. En ningún caso, debe asumirse que ningún organismo debe estar al margen de la Ley o que forman una estructura paralela a las responsabilidades de gobierno.
Este análisis deberá ser intenso y amplio, pero deberá hacerse con altura de miras para que el Estado mexicano cuente con instituciones que verdaderamente le sirvan al pueblo y dejen de ser entes en los que se busque mantener privilegios y en los que sus integrantes dediquen su tiempo, capacidad y talento a responder a los desafíos del país.