¿Debe regularse la operación de las redes sociales en el país?

La participación ciudadana y la comunicación en los asuntos públicos ha tenido importantes cambios. El desarrollo de las tecnologías de la información y la aparición de las redes sociales con la posibilidad de que los usuarios expresen sus puntos de vista han transformado radicalmente la conformación de la opinión pública. En ese sentido, se ha ampliado el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

Esa libertad debe ser y permanecer irrestricta, sin más límites que los que establece la propia Constitución. Es decir que debe respetarse en cualquier caso la vida privada, los derechos de terceros, no atacar a la moral, provocar un delito o perturbar el orden público.

En ese contexto, los usuarios de las redes sociales son los responsables de la publicación, difusión e incluso de la recepción de la información que se emite a través de esos medios.

La responsabilidad de los contenidos que se transmiten solo corresponde a quien los formula. Sin embargo, quienes son propietarios u operadores de las plataformas tecnológicas, en ocasiones, se extralimitan de su función y actúan como censores de los usuarios.

Este tema ha cobrado relevancia en la discusión pública a nivel mundial. Especialistas de diversas disciplinas de las ciencias sociales y del Derecho están hablando sobre la necesidad o no de regular a las redes. Por eso, en México también se ha puesto a debate el asunto.

El punto está en hacer compatibles el ejercicio más amplio de la libertad de expresión y el papel que deben jugar los propietarios y operadores de las redes. Para ello, el público debe tener claras las reglas de participación y sus derechos, así como las facultades de los propietarios y directivos de las redes. Así se evitará que se tomen decisiones unilaterales que, a veces, imponen más normas de las que la propia Ley señala.