Desde el domingo pasado estamos ya en la etapa de las campañas electorales, miles de candidatos estarán buscando alcanzar algunos de los más de 21,000 cargos de elección que están en disputa.
En esta etapa se aplican reglas especiales que buscan que ningún candidato o partido tenga alguna ventaja indebida sobre los demás, ya sea por utilizar recursos públicos o ilícitos, o por pretender tener más tiempo en Radio y Tv que el que les corresponde, o por otorgar dádivas o regalos a cambio del voto.
Los gobiernos, medios de comunicación, empresarios, Iglesia y en general todos, tenemos ciertas restricciones justo para no provocar un beneficio o perjuicio indebido a algún candidato, como por ejemplo contratar anuncios a favor o en contra de alguno de ellos, utilizar el culto público para hacer proselitismo político o condicionar los programas públicos a cambio del voto, como el de adultos mayores.
En esta etapa es normal que exista hacia el INE un ambiente de cuestionamiento como lo tienen en general los árbitros, cuando marcan una falta o determinan alguna sanción, la mitad del estadio reclama, por ello deben de ser muy prudentes para no convertirse en los protagonistas del juego y tal como sucede en el Futbol, entre menos se noten, mejor.
Cada decisión que toma el INE es revisada por el Tribunal Electoral (TEPJF) en última instancia, por ello, no está libre tampoco de cuestionamientos y crítica; por ejemplo en el caso de las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán que el INE canceló por no haber presentado los precandidatos su informe de gastos, el Tribunal tendrá que revisar si esta sanción que significa la pena de muerte para los candidatos existe en la ley; si no es desproporcionada, si es exactamente aplicable a los hechos, si no hay una excluyente de responsabilidad para los candidatos, digamos porque el Partido o el INE, personalmente no les requirió su informe o no les advirtió oportunamente de la sanción, o si se les dio derecho de audiencia en ambas instancias o, si el informe se entregó, pero fuera de tiempo.
Por tratarse de una sanción extrema respecto de derechos políticos fundamentales como lo son el de votar y ser votado, cualquier detalle legal que se hubiera omitido provocaría la revocación de la sanción y que se determine el regreso de las candidaturas y no por ello se debe suponer a rajatabla que la decisión es incorrecta.
En tiempos de campaña con una opinión polarizada, la prudencia debe de imperar no solamente entre los contendientes, sino en todos; gobiernos, autoridades electorales y ciudadanos.
Debemos de cuidar al INE, pero también a las demás instituciones como el Tribunal Electoral y a quienes aplican las leyes vigentes, cuestionar a unos y a otros pero con el cuidado que amerita la prudencia y el estudio de los casos concretos, sin la pasión por el equipo, recordemos que en la vida ni todo es blanco ni todo es negro.