En el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país la violencia política se ha convertido en un problema gravísimo para la estabilidad institucional y democrática de México. A lo largo y ancho del territorio nacional las personas que aspiran a puestos de elección popular han estado sujetas a un sin fin de ataques y agresiones que violentan su integridad e incluso acaban con su vida.
El pasado 13 de mayo, el candidato a la presidencia municipal de Cajeme en Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, fue balaceado en la calle y más tarde murió en el hospital por las múltiples lesiones sufridas. Sin embargo, este no es el único caso, en lo que va del proceso 80 políticos han sido asesinados por formar parte de la boleta electoral y muchos más se han visto afectados por la violencia que permea todo el territorio nacional. En los primeros diez días de mayo se han registrado hasta once ataques armados en donde un total de dos personas han perdido la vida. A lo anterior se le suman las 432 víctimas de agresiones, intimidaciones, robos y secuestros rumbo al seis de junio, lo que representa un incremento de 63% respecto al proceso de 2018 y un promedio que supera los tres casos diarios.
La respuesta del gobierno del presidente López Obrador es de indiferencia ante las denuncias de los candidatos que temen por su integridad y la de sus familiares. En su mayoría, los aspirantes que son violentados compiten por puestos locales especialmente candidaturas municipales pues son estos los que han sufrido más de 80% de las intimidaciones, al mismo tiempo que son los más desprotegidos por el Estado. Además, 75% de los políticos que han sufrido algún tipo de violencia no forman parte de la coalición que apoya al presidente. Es decir, ser opositor en México hoy en día presenta riesgos altísimos para quienes decidimos hacerlo, en especial para los candidatos en las comunidades alejadas de la capital en donde estos eventos ya no son noticia y se han normalizado.
El crimen organizado intenta afianzar su posición en las localidades que controla, intimidando, violentando e incluso asesinando a candidatos para impedir que estos alcancen puestos en los gobiernos. Es inaceptable dejar en el abandono a municipios, estados o regiones enteras del país para ser gobernados por delincuentes y mafias locales que explotan a candidatos para incrementar su influencia.
La violencia contra los candidatos y en especial a los de oposición vulnera el Estado de Derecho y las instituciones democráticas pues dejan de existir las garantías y condiciones de seguridad necesarias para ejercer el derecho a votar y ser votado así como el de la ciudadanía de hacerlo en libertad. Violenta la capacidad de los electores para escoger a sus representantes y destruye el ambiente de certidumbre para llevar pacíficamente este proceso. La impunidad con la que estos grupos operan es alarmante, en un país democrático que aspira a garantizar plenamente las libertades de los ciudadanos esto debe ser impensable y requiere de una respuesta contundente para impedir que suframos una completa destrucción de las instituciones. La violencia política tiene que detenerse. Al tiempo…