El tema relativo, primero, al desafuero del gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y, segundo, al de la orden de aprehensión girada en su contra, ha dado mucho de que hablar en la opinión pública, así como en los diversos sectores de la sociedad y, sobre todo, ha dado noticia de múltiples interpretaciones constitucionales, sobre todo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas.
A mi juicio, es claro lo que se dispone el artículo 111 constitucional, en el caso de que se considere que un gobernador debe someterse a la justicia penal como presunto responsable de la comisión de un delito federal, la declaratoria de procedencia corresponde a la Cámara de Diputados, la que se turna a la Legislatura del Estado “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda”, lo cual, al no estar resuelto, trae como consecuencia, que conserva su cargo hasta que concluya el periodo para el que fue electo por los tamaulipecos.
Con independencia de si existe o no la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, de si, por razones políticas, no se ha ejecutado, de si al existir y contar aun con fuero dicho funcionario se denunciará al juez que libró dicha orden, así como de si quien tiene la razón es el gobierno federal o el estatal, considero que sí tiene implicaciones electorales, puesto que, ya sea de manera directa o indirecta, ha logrado impactar en la ciudadanía que acudirá a votar el próximo 06 de junio, lo que si me parece indeterminable es saber en qué medida y a favor de quien, lo cual, ya lo estaremos viendo.