El crimen y la delincuencia organizada no se portan nada bien, en las últimas semanas han demostrado que mientras no se haga uso del Estado de derecho y de las leyes seguirán ejecutando a diestra y siniestra.
Hace unos días la Secretaría de Gobernación informó que van 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio.
Pero la cifra por desgracia incrementa cada semana, apenas el lunes nos enteramos que el periodista Abraham Mendoza fue asesinado en Morelia, Michoacán; y que el jueves pasado perdió la vida en Sonora, Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras. Ambos en manos del crimen y la delincuencia organizada.
«El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos enfrentando riesgos que no deberían asumir», dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
Aranza Ramos buscaba a su esposo desaparecido desde diciembre de 2020, para ello se unió a diversos colectivos. Fue asesinada en su domicilio en Guaymas, Sonora, tras regresar de una búsqueda de campo en una de las tantas fosas clandestinas que hay en el país.
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Los colectivos de búsqueda no solo han solicitado que el crimen contra Aranza Ramos no quede impune y se haga justicia, sino que han expresado su preocupación por las amenzas de muerte recibidas, particularmente, a sus líderes.
«Vemos con preocupación que nuestra integridad y seguridad está en riesgo, y se perjudica nuestras labores de búsqueda. Lo único que queremos es traer a nuestros familiares de regresa a casa. Nos alarma que las autoridades sean omisas a las necesidades que tenemos para encontrar a nuestros seres queridosy garantizar nuestra seguridad y protección mientras realizamos está importante labor», afirmaron.
No imagino el dolor, la angustia y la desesperación de buscar a un familiar, y encima soportar amenazas de muerte para detener la búsqueda, simple y sencillamente porque al crimen y a la delincuencia organizada no les sienta bien.
Tiene razón y hago mías las palabras del representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado, cuando dice que las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, y que tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida.
«Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo. La sociedad y las instituciones mexicanas deben prestar especial atención a las severas consecuencias que la violencia tiene sobre las niñas y los niños», sostuvo.
Para los criminales abrazos y aplausos, para las víctimas desprecio e incluso persecución. Mientras tanto el gobierno del crimen avanza a sus anchas y con sus reglas.