Sobre las cárceles del país, y en particular las de la Ciudad de México, circulan diversas creencias basadas en hechos pasados y dichos de boca en boca, muchos de ellos actualmente sin sustento.
De ellas se dice que son escuela de delincuentes, origen de las llamadas de extorsión —aunque menos del uno por ciento proceden de ahí— o planeación de secuestros y sitios de corrupción.
Este viernes, la Jefa de Gobierno de la capital de la nación, Claudia Sheinbaum, hizo un anuncio que tendrá impacto de fondo en la administración y operación de los centros de internamiento de todos los niveles.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, que depende de la Secretaría de Gobierno pasa a formar parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el resto de las entidades y a nivel federal es así como se opera.
La planeación de la transferencia entre dependencias requiere todavía un cambio en la Ley Orgánica de la CDMX, para lo cual ya se envió una iniciativa al Congreso capitalino.
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El Sistema Penitenciario incluye la operación de los centros de internamiento para adultos, tanto hombres como mujeres, los de menores de edad, personas consideradas inimputables y el Centro de Sanciones Administrativas conocido como Torito, en donde cumplen su castigo, entre otros, quienes reprueban el alcoholímetro.
La reinserción social y el combate a la corrupción son de los grandes retos frente a las personas privadas de su libertad y sus familias.
El modelo penitenciario mexicano está basado en la posibilidad de que aquellas personas que delinquen sean reintegradas a las actividades sociales, lo que representa, entre otros aspectos, generar condiciones que les permitan laborar luego de cumplir con su sentencia y evitar que vuelvan a presentar conductas delictivas.
El cambio permitirá establecer además una coordinación en la inteligencia policial relacionada con el movimiento de los internos y los factores criminógenos que los llevaron a delinquir, para establecer planes de acción entre la SSC, a cargo de Omar García Harfuch, y la Fiscalía de Justicia que encabeza Ernestina Godoy.
Ambas instancias podrán conocer, de primera mano, y prevenir la planificación desde el interior de delitos como secuestros o extorsiones.
La corrupción en las cárceles, donde actualmente hay 26 mil 229 personas privadas de su libertad, es otro de los temas que se combatirá. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía podrá supervisar, investigar y sancionar a los servidores penitenciarios que cometan algún ilícito.
El objetivo es dejar de pensar en las cárceles como «escuelas de delincuentes”, y verlas como centro de readaptación que permitan reintegrar a las personas a la vida en sociedad.