El pasado 22 y 23 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, culminó la revisión de la fiscalización del proceso electoral 2020-2021, resolviendo sancionar por un monto superior a los 1,300 millones de pesos (multas para partidos y candidatos derivadas de anomalías en sus informes de gastos de campaña federales y locales por más de 1,200 millones de pesos, y por 129 millones 797,083.57 de pesos que corresponden a 748 quejas), por diversas omisiones e irregularidades (violaciones a la ley electoral) cometidas por partidos políticos y candidatos en el uso de recursos durante las campañas de dicho proceso electoral.
Los marcos jurídicos de nuestro país (Constitución General de la República y leyes electorales federales y estatales), establecen como obligación para candidatos a cargos de elección popular y partidos políticos presentar diversos informes de gastos de campaña y reportes correspondientes, así como apegarse a las reglas en cuanto al financiamiento, y como facultad del INE, a través de la Comisión y Unidad Técnica competentes, la fiscalización de los ingresos y egresos de dichos actores.
Destaco que, la fiscalización electoral, tiene como finalidad que las campañas tanto federales como de las entidades federativas sean financiadas de manera lícita y transparente, para evitar que el dinero “sucio” determine el ganador de una elección, lo que implica, que nuestra democracia sea cada vez mejor.
De ahí que, son adecuadas las sanciones determinadas por el INE, en la medida en la que estén apegadas a las normas aplicables en cada caso en particular; cabe precisar, que dicha resolución no es definitiva, ya que se podrán interponer los medios de defensa previstos en la ley en su contra y, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será quien revise la actuación del INE y tenga la última palabra en este aspecto.