Las elecciones federales del pasado 6 de junio transcurrieron sin mayores novedades en gran parte por la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización y ejecución de la jornada electoral.
Pero las funciones del INE no concluyen con la ejecución de la jornada y el anuncio de los ganadores de los cargos de elección popular, el cumplimiento de la legislación que incluye la fiscalización de los recursos utilizados por candidatos y partidos políticos es una función que el Instituto tiene que ejercer.
El INE es un órgano constitucional autónomo que se encarga de regular los procesos electorales, de participación ciudadana y norma las directrices a las que se atendrán los participantes de estos.
Derivado de las tareas constitucionales que tiene, ha impuesto algunas sanciones a ciertos partidos políticos y candidatos por faltar a la ley, en algunas ocasiones de manera reiterada y burda y en algunas otras generando un rico debate sobre situaciones novedosas que se presentaron en la pasada contienda electoral.
El pasado jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó diversos dictámenes de multas a gastos de campaña tanto federales como locales y que en conjunto suman un monto total de mil 203 millones de pesos, siendo este monto el más elevado en sanciones en la historia electoral de México derivada de la revisión de operaciones de los partidos políticos y candidatos en el periodo electoral.
El INE ha dejado una muy buena impresión tras los comicios del 6 de junio se ha mostrado como un Instituto sólido, con oficio, inquebrantable e incorruptible y con una gran capacidad para cumplir sus funciones de acuerdo con lo establecido en las legislaciones.
Sobre la aplicación de las sanciones, algunas de ellas son claras y concisas al configurar supuestos establecidos en la ley y muchas otras dan lugar a un debate por no ser tan clara la legislación o por presentarse un conflicto entre derechos fundamentales que tendría que ser resuelto por instancias superiores.
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Existe una paradoja entre la realidad y el derecho, muchas veces el derecho busca modificar a la realidad y muchas otras la realidad modifica al derecho. Si bien es verdad que muchas de las sanciones están siendo oportunamente aplicadas, muchas otras dejan muchas dudas debido a que la legislación no es clara o suficiente y en muchas otras, siendo la sanción conveniente para el imputado.
El INE se muestra como un instituto en ejercicio de sus funciones y en su caso, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quién resuelva sobre las sanciones en disputa.