No se trata de priorizar, sino de incluir todos los temas pendientes para las y los mexicanos, ya que los periodos extraordinarios, por su naturaleza jurídica, no deben versar exclusivamente sobre uno o dos temas, sino agotar agendas pendientes que, por la propia estabilidad de las y los ciudadanos se deben desahogar de frente, con responsabilidad y con celeridad.
Tan importante es un desafuero como la ratificación de nombramientos fundamentales en algunas dependencias y el análisis de un aplazamiento en materia de subcontratación con el impacto que tiene para empresarios y para los propios trabajadores.
El problema es cuando las negociaciones políticas rebasan los intereses del pueblo mexicano, intercambiando temas como si las presiones y amenazas para defender a una persona que, de acuerdo a datos de la fiscalía, puede resultar responsable de la comisión de un delito, estuviera a la par, por ejemplo, de dejar pasar en todos sus términos el paquete económico que se avecina para el ejercicio 2022.
Como legisladoras y legisladores tenemos la obligación principal de discutir absolutamente todos los temas que se presenten por cualquier Cámara, el Presidente de la República o, desde luego, las y los ciudadanos que consideran temas torales que deben aprobarse en vía parlamentaria. Por ello, el incluir los desafueros pendientes era una necesidad de cara a quienes nos otorgaron su confianza para demostrar que el combate a la corrupción y la impunidad es una tarea real y no sólo líneas en discursos políticos.
Sin prejuzgar la culpabilidad de quienes se encuentran indiciados, como Poder Legislativo, debemos retirar las trabas para que las autoridades ministeriales, de forma técnica y científica, lleven a cabo procesos que diluciden circunstancias o conductas que lesionan seriamente a la administración pública.
Lamentablemente las mayorías no permiten un diálogo a fondo y suelen ceder a las presiones de parte de actores y fracciones políticas que condicionan una alianza de simples votos.