Las violencias contras las mujeres han sido históricamente un secreto a voces. No son de ahora, son de siempre, aunque dejaron de ser un problema del ámbito privado.
Por las diferentes mediciones que existen sabemos que el 75% de las víctimas de violencia son mujeres y en ocho de cada diez casos proviene de una persona cercana, ya sea familiar o pareja.
La violencia familiar es un delito difícil de denunciar para la víctima. La intervención de cónyuges o consanguíneos provoca, paradójicamente, una resistencia a generar un daño al victimario.
Además, quienes padecen las agresiones tienen, en la mayoría de los casos, dependencia económica del perpetrador que hace más difícil su distanciamiento.
Desde marzo del 2020, en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México anticipamos un incremento en los reportes por la violencia dentro de los hogares, generada por la necesidad de las mujeres de expresar lo que viven.
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A más de un año, los reportes se han cuatriplicado. Las víctimas encontraron canales para manifestar los abusos, hacerlos públicos y buscar una solución.
Reivindicar el derecho a una vida libre de violencia es una labor que debe ser compartida, que requiere de la intervención de las y los ciudadanos, de organismos sociales e institucionales.
Hay muchas voces que conocer, muchos delitos que enfrentar, y acercar la atención a las personas es central en esta tarea.
Bajo esa lógica, el Consejo Ciudadano abrió una nueva sede en el centro de la Alcaldía Azcapotzalco, con énfasis en las necesidades de las y los más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores. La tercera desde 2018, además de la central en la Colonia Juárez, en Cuauhtémoc.
En la inauguración, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó la importancia de apoyar, desde ahí, a mujeres violentadas, ayudar en la atención de delitos difíciles de denunciar, como la Trata de Personas.
Desde esa parte del norte de la capital de la nación buscaremos contribuir en la construcción de una ciudadanía participativa, inclusiva, tolerante, capaz de conformar entornos seguros basados en la cultura cívica, de la legalidad y la denuncia.
Porque la evolución ciudadana avanza en todos los sentidos, y la atención a las necesidades emocionales y de orientación jurídica son una preocupación fundamental para el bienestar colectivo.