¿Qué relevancia tiene el amparo a favor de Diego Cruz?

El juez dice haber actuado conforme a derecho pero al leer la definición del delito de pederastia en el código penal del estado parece indicar lo contrario

Por Ibero

En un país como el nuestro confluyen infinidad de realidades que no siempre se ven reflejadas en las leyes que rigen a la convivencia de sus ciudadanos. Veracruz fue el primer estado de nuestro país en tipificar la pederastia como un delito en su código penal, sin embargo, para el juez federal que revisó el amparo de Diego Cruz no le fue suficiente ese hecho para no permitir la libertad de uno de los tres jóvenes señalados de cometer la violación.

El juez dice haber actuado conforme a derecho pero al leer la definición del delito de pederastia en el código penal del estado parece indicar lo contrario. ¿En dónde quedó el criterio que, en teoría, le permitió llegar a la posición de la que acaba de ser suspendido para ejercer? Una buena forma de abordar problemáticas complejas es abordarlas desde principios universales, NO es NO y bajo ninguna circunstancia se debe pensar lo contrario, no existe justificación alguna para pisar los derechos más básicos de otro ser humano, ni una sola, ¿o acaso una penetración o un tocamiento dejan secuelas diferentes en la vida de la persona que las padece sin su consentimiento?

Pareciera que la correcta impartición de justicia en este país sigue siendo un derecho exclusivo de la gente que tiene poder y no tiene escrúpulos. El caso de Daphne es uno de miles y miles a lo largo y ancho de México, la única diferencia es que de éste sí nos enteramos, de éste sí nos indignamos y de éste no podemos permitir que sea fugaz su paso en la memoria colectiva.

Hemos visto cientos de manifestaciones de diversos sectores condenando el actuar del juez, unas rayando en el mismo acto que condenan. El hecho de no dejar pasar esta situación no debe nunca implicar la agresión ni el involucramiento de terceros (como la familia del juez). Estos actos de violencia lo único que logran es desvirtuar un reclamo legítimo de la ciudadanía que tiene que ver con la rendición de cuentas del accionar de algún servidor público: nosotros lo pagamos, nosotros tenemos derecho a saber qué argumentos lo llevaron a tomar esa decisión.

 

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