¿Se puede garantizar la objetividad de la PGR respecto al presunto espionaje?

Las tecnologías de la información y la comunicación, al no tener fronteras, se convierten en herramientas que son asequibles a un mayor número de personas y actores

¿Se puede garantizar la objetividad de la PGR respecto al presunto espionaje?

El espionaje es un delito condenable porque implica la violación a la privacidad. Es deseable que las investigaciones que lleve a cabo la PGR, con motivo de las denuncias que se han presentado, a propósito de la publicación de un reportaje del New York Times, sean conducidas conforme a derecho.

Un espía regularmente observa y persigue para recabar información secreta y ponerla al servicio de terceros.

Las tecnologías de la información y la comunicación, al no tener fronteras, se convierten en herramientas que son asequibles a un mayor número de personas y actores. Su empleo permite ejecutar con exactitud y agilidad acciones encaminadas a diversos fines.

Las grandes empresas de alcance transnacional cuentan con recursos tecnológicos que son utilizados para observar lo que diseñan y producen sus competidoras.

Secuestros, robos, extorsiones, tráfico ilícito de armas, drogas e incluso actos de terrorismo, son cometidos con mayor facilidad por organizaciones criminales que también tienen acceso a la tecnología para ejecutar este tipo de acciones.

Entre espionaje e INTELIGENCIA hay diferencia. Ésta última es una actividad gubernamental legítima, que implica la generación de conocimiento nuevo, cuyo fin principal es aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de Seguridad Nacional.

Nuestra Ley de Seguridad Nacional en su artículo 31 fija los límites para generar inteligencia desde el gobierno federal: “Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos”.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de contar con un sofisticado y moderno aparato de inteligencia con el objetivo de resguardar la seguridad de los ciudadanos, de asegurar la paz social, la gobernabilidad y la convivencia cívica de sus comunidades.

No se puede concebir en la actualidad a un Estado que no aspire a proporcionar estos beneficios a sus gobernados.