¿La falta de Fiscal y magistrados perjudicará la aplicación del Sistema Anticorrupción?

Los avances registrados en el SNA están siendo minados por la resistencia de las entidades federativas para adoptarlo.

Por Marcela Guerra

Los avances registrados en el Sistema Nacional Anticorrupción “SNA” están siendo minados por la resistencia de las entidades federativas para adoptarlo.

Son visibles las omisiones que existen por la falta de fiscal y magistrados anticorrupción como cabeza y expertos para investigar y sancionar, respectivamente. Pero no menos importante son los retrasos e incluso el desinterés de entidades como Chihuahua y Veracruz que no presentan ningún progreso para contar con un sistema local anticorrupción.

Esta situación es delicada porque sin armonización de leyes ni adopción de medidas consecuentes, los congresos locales pueden convertirse en cómplices de la corrupción.

El SNA se integró con siete leyes: la Ley General del Sistema Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; reformas al Código Penal; reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En la actualidad opera un Comité Coordinador que es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA.

Se encuentra trabajando también un Comité de Participación Ciudadana, que es el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno. Este Comité está realizando sus actividades con responsabilidad y oportunidad, basta observar las 3 mociones y posicionamientos que ha realizado a escasos 4 meses de haber sido instalado.

Se ha designado a un Secretario Técnico que es el encargado de ejecutar las decisiones que toma el Comité Coordinador y el actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa tan solo en 2016 ha sancionado a 53 funcionarios públicos por faltas administrativas, lo que habla de tribunal activo.

Por tanto, México se ha dotado de instrumentos e instancias para combatir la corrupción, pero debemos aceptar que el SNA aún no está completo.
El fiscal anticorrupción y los magistrados especializados en responsabilidades administrativas son formalidades que habrán de cumplirse en el corto plazo. Perfil y experiencia se encuentran combinados en gran cantidad de mexicanos que llenan los requisitos para ocupar esos cargos.

La fuerza ciudadana con la que nació el SNA logrará cimbrar nuevamente la voluntad de todos aquellos que tenemos la obligación, el compromiso y deseo de vencer la impunidad mediante la cultura de la legalidad.

Las entidades federativas por su parte, deben apresurar el trabajo para cerrar cualquier resquicio a la corrupción.

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