INE a prueba

El INE tiene la oportunidad de sacudirse cualquier sospecha de debilidad o de que sus consejeros actúan bajo la presión e intereses

Por David Olivo

Hoy como nunca, la democracia mexicana requiere de certeza y fortaleza, y nadie más que el árbitro electoral para deslegitimar un proceso plagado de delitos y de irregularidades, como ocurrió en Coahuila.

El viernes, el Consejo General del INE confirmó una sanción de un millón de pesos para el priista Miguel Ángel Riquelme por la utilización de tarjetas rosas.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama subrayó que “entregar monederos en un escenario de carencia social a cambio de datos de los individuos que serán beneficiados, si sufragan por el partido y este resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento social a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa legítima y válida. Llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas no puede ser considerado válido por esta autoridad”.

Además, se abrió un nuevo proceso para investigar el financiamiento del gobierno federal a favor del PRI en las elecciones del pasado 4 de junio en dicha entidad. Y adicionalmente se decretó un receso para el análisis de un dictamen donde se acredita el rebase de topes de campaña del PRI en Coahuila por más de 6 millones de pesos, lo cual sería fundamental para la anulación de la elección.

La decisión del INE del lunes será definitiva para que el Tribunal Electoral tenga elementos para determinar la anulación de la elección, lo cual no supone ningún retroceso ni transgresión a la democracia. Por el contrario, fortalecerá la democracia y será un valiente mensaje al PRI de que ya no es posible ganar las elecciones de manera fraudulenta ni por la vía de la concertacesión.

El INE tiene la oportunidad de sacudirse cualquier sospecha de debilidad o de que sus consejeros actúan bajo la presión e intereses partidistas. El miércoles pasado, los consejeros desecharon una queja por el presunto financiamiento de la empresa constructora OHL a la campaña del priista Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, denuncia que interpuso la organización AHORA, que dirige Emilio Álvarez Icaza.

Tras la resolución, el exombudsman acusó que el INE ha sido “secuestrado” por ciertos intereses y que utilizará los medios legales para acreditar las conductas contrarias a la ley.

“Tenemos perfectamente claro que, desde la Presidencia de la República, desde el PRI y sus aliados, se encabeza un proceso de restauración autoritaria con la complicidad y la subordinación de la mayoría del Consejo General del INE. En este sentido, no nos parece extraño su proceder en el caso de nuestra denuncia, ya que ha dado muestras sistemáticas de haber renunciado a ejercer a cabalidad sus facultades y atribuciones en esta materia”, aseguró.

Álvarez Icaza, incluso, amagó con presentar en los próximos días una investigación que documenta y exhibe el secuestro de buena parte de quienes conforman al Consejo General del INE. Y esto tiene que ver exclusivamente con evidencia que acredite cómo el gobierno de Eruviel Ávila y de Enrique Peña Nieto fondearon ilegalmente, con miles de millones de pesos, la campaña de Alfredo del Mazo.

Para nadie es un secreto que los consejeros del INE ocupan un asiento en el Consejo General por cuotas partidarias, de ahí la importancia de sacudirse cualquier sospecha de actuar por intereses políticos. Resolver bajo las presiones del PRI el único mensaje que mandará la autoridad electoral será el de estar sometida y pondrá el riesgo el desarrollo del proceso electoral de 2018, el cual comenzará formalmente dentro de dos meses.

El INE tiene la oportunidad histórica de pasar a la historia como la primera entidad que realmente defiende la democracia a costa de cualquier costo o presión política o como la autoridad que se subordina ante los intereses de un PRI gobierno que se aferra a un poder que comenzó a perder desde hace años.

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