¿Qué medidas deben tomarse, además de deslindar responsabilidades, ante el caso del socavón en el Paso Exprés?

La Auditoría Superior de la Federación habrá de revisar minuciosamente el empleo de recursos públicos porque el costo total de esta obra rebasó significativamente el presupuesto inicial.

¿Qué medidas deben tomarse, además de deslindar responsabilidades, ante el caso del socavón en el Paso Exprés?

El hundimiento de un tramo del Paso Express inaugurado hace tres meses en la autopista México-Cuernavaca que cobró 2 vidas, pone en evidencia la mala calidad de una obra que prometía incrementar la seguridad de los usuarios y reducir los tiempos de traslado.

En la obra pública que se ejecuta en nuestro país participan varios actores entre los que se encuentran concesionarios, ingenieros civiles y funcionarios públicos. Al realizar su trabajo no buscan la exactitud ni la excelencia, muestra de ello fue la tragedia que ocurrió en el estado de Morelos.

Como producto de las investigaciones que están en proceso por parte de los órganos internos de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaría de la Función Pública, habrá de determinarse qué funcionarios actuaron con negligencia desde la construcción del Paso Express hasta el rescate de las víctimas mortales.

En el mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación habrá de revisar minuciosamente el empleo de recursos públicos porque el costo total de esta obra rebasó significativamente el presupuesto inicial.

Este hecho nos mueve a reflexionar y a actuar sobre el desprecio que existe de la función pública; de la falta de profesionalización de quien ejecuta y supervisa las obras; y no menos importante, la inconsciencia que persiste sobre el concepto de protección civil y la responsabilidad frente a daños a terceros.

En nuestro país no puede permitirse que ninguna construcción ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes está obligada a contar con supervisores calificados, que una vez que detecten irregularidades en la construcción de infraestructura, avisen de inmediato a las autoridades para que suspendan o cancelen la obra con la sanción correspondiente.

Otra lección que nos deja este caso es la sospecha que se genera sobre la falta de transparencia en los contratos de concesión de obra pública y de la responsabilidad que deben asumir las constructoras por no realizar correctamente su trabajo.

Lo anterior invita a llevar a cabo un seguimiento riguroso, que no persecución, de los movimientos financieros de todos aquéllos que se involucran en la obra pública.

Mexico no merece obras de mala calidad. Mexico debe tener una infraestructura de excelencia.