¿Qué medidas deben tomarse, además de deslindar responsabilidades, ante el caso del socavón en el Paso Exprés?

A la lista de desfalcos y desvíos ahora hay que sumar la ineficiencia y corrupción vinculada con la construcción de obra e infraestructura pública.

Por Mariana Gómez del Campo

La semana pasada señalamos que, según datos de Transparencia Internacional, la corrupción le cuesta a nuestro país al menos 347 mil millones de pesos al año según Forbes, sin embargo, hay hechos que hacen incalculable la factura que la corrupción le pasa a la sociedad mexicana, por ejemplo, como aquellos que implican la pérdida de vidas.

Ejemplo de ello es el monumento a la corrupción que significa la administración de Javier Duarte en el estado de Veracruz; la Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de más de mil millones de pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del año 2014, así como más de mil 400 millones de pesos que correspondían al Fondo del Seguro Popular. Este daño al presupuesto de salud derivó en que se administrara agua a niños con cáncer que debían recibir quimioterapia.

A la lista de desfalcos y desvíos ahora hay que sumar la ineficiencia y corrupción vinculada con la construcción de obra e infraestructura pública. Tuvo que ocurrir en una de las “obras estrella” de este sexenio, como lo es el “paso exprés” que conectaría las autopistas Acapulco-Cuernavaca y Cuernavaca-México, para corroborar que las autoridades corruptas, sus acciones sin escrúpulos y negligencia junto con constructores cómplices puede cobrar una factura altísima: vidas inocentes.

Recapitulemos algunos eventos del sexenio en el ramo de las telecomunicaciones: en 2014, Acción Nacional denunció la adjudicación de la construcción del tren México – Querétaro a empresas que facilitaron aeronaves para la campaña del entonces candidato Peña Nieto; más tarde, la SCT entregó más de 10 millones de televisores, en el contexto del apagón analógico, que significó una derogación de más de 20 mil millones de pesos pero al final, la dependencia no pudo comprobar el destino de más de 11.5 mil de esos equipos. Lo peor es que las mejores prácticas internacionales indicaron que no se requería la entrega de televisores sino de simples decodificadores.

Pero lo más alarmante de lo que sucedió la semana pasada en el paso exprés es que pudo ser evitado. Se advirtió a las autoridades vía oficios y hasta en redes sociales y la respuesta fue: No hacer nada. Es inimaginable que una vía diseñada para la circulación diaria de más de 105 mil vehículos no cuente con ninguna supervisión preventiva que evite tragedias de ese tipo. Más aún, cuando existieron diversas advertencias a nivel estatal y municipal sobre la posibilidad de que existiera una situación de este tipo; las autoridades federales no atendieron el llamado. Los ciudadanos seguimos esperando una respuesta: ¿Por qué ocurrió esto en una obra que tenía menos de 3 meses de inaugurada? ¿Por qué no se actuó ante las señales de alerta?

Sin duda, es necesario que se separe del cargo al actual titular de la SCT para evitar que meta las manos en la investigación. No sólo eso, ya es hora de que en este sexenio se sancione con severidad a los servidores públicos que han actuado de forma irregular sin importar el rango o jerarquía que tengan. Las declaraciones absurdas del Secretario Ruiz Esparza culpando a la basura y a las lluvias no son propias de un supuesto funcionario experto en la materia, sólo demuestran la falta de sensibilidad de este gobierno y la impunidad que disfrutan los cercanos al Presidente.

Por otro lado, es necesario que se revise la obra en su totalidad pues en sus 14.5 kilómetros, vecinos han detectado al menos 100 puntos que representan un riesgo tanto para los usuarios como para las casas aledañas. Medios de comunicación han reportado que tan sólo recorriendo la obra se puede percatar que no existe realmente un muro de contención, sino concreto mal colocado que está soportando un importante peso de vivienda y existen problemas serios en la cimentación de esta obra que pasó de costar mil 45 millones de pesos a 2 mil 213 millones de pesos.

Es fundamental que se haga una auditoría al proceso de licitación, pues hace unos días se publicó que el consorcio constructor obtuvo el contrato al considerar que la propuesta era “la más económica del concurso”, pese a que no acreditó su experiencia ni especialidad y obtuvo una calificación de 37.8 puntos sobre 50 en el análisis técnico. Llama la atención que de 2013 a 2017, este consorcio ha recibido 31 contratos del gobierno federal, seis de ellos otorgados mediante adjudicación directa, es decir, no tuvieron que concursar con otras empresas. Entre esos contratos destacan varios que se relacionan con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada uno de estos puntos los exigiremos esta misma semana en el Congreso de la Unión.

Es lamentable que la respuesta del Gobierno Federal sea totalmente reactiva, parece que sigue apostándole por la estrategia de “patear el bote” para que los ciudadanos olviden tan delicada situación. No basta con destituir a mandos medios, esta es una situación sumamente grave que debe perseguirse y sancionarse tanto por la vía administrativa como por la vía penal. Ya es hora de que el Presidente deje de guardar silencio y de encubrir a sus amigos, es hora de que le dé la cara a todos los mexicanos. Por desgracia, este sexenio pasará a la historia como el sexenio de la corrupción.

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