¿Cómo blindar la elección de 2018 para evitar injerencia del narcotráfico?

Los próximos comicios determinarán el camino político del país y de la mayoría de las entidades federativas, por ello, es importante que el ciudadano evalúe a conciencia las opciones políticas

Por Mariana Gómez del Campo

En 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y más de 2 mil 600 en elecciones locales de 30 entidades, entre ellos, el Presidente de la República, los 500 diputados y los 128 senadores, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los 16 nuevos alcaldes de la capital y el Congreso local. Es decir, será una elección que determinará el camino político del país y de la mayoría de las entidades federativas. Por ello, es importante que el ciudadano evalúe a conciencia las opciones políticas que tendrá delante en julio del próximo año.

Pero uno de los temas que más llama la atención es el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, particularmente del narcotráfico. La situación parecía ser común solo en aquellos estados en los que los cárteles del narcotráfico operan de forma más dinámica, sin embargo, tras el operativo de elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, se conoció que presumiblemente el actual delegado que fue postulado por MORENA, financió su campaña con recursos del llamado Cártel de Tláhuac.

Según información de Banco de México, en tiempos electorales, el flujo de efectivo aumenta hasta seis veces y tras la jornada electoral retoma su curso normal, lo que indica dos situaciones irregulares: la propensión al rebase de los topes de campaña mediante pagos en efectivo y el financiamiento de campañas con recursos del narcotráfico.

Por ello, las autoridades electorales deben reforzar sus trabajos coordinados con la Comisión Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicó para investigar los flujos de dinero en las campañas, a fin de blindar los procesos y emprender investigaciones a denuncias realizadas por ciudadanos y por partidos políticos.

En nuestro país se ha privilegiado el financiamiento público de los partidos políticos sobre el privado, como una forma de desincentivar sobornos de entes privados o del crimen organizado. Además, gracias a la reforma político-electoral de 2014, actualmente el Instituto Nacional Electoral cuenta con mayores atribuciones de fiscalización, sin embargo, debemos asegurarnos de que esas facultades sean ejercidas de manera eficaz y que, sin importar los colores partidistas, sean sancionados quienes reciban dinero de fuentes irregulares.

Pero la tarea trasciende a las instituciones, pues los partidos políticos a nivel federal y local deben poner de su parte y ser responsables de los candidatos que postulan a los diversos cargos. La ciudadanía demanda que los partidos postulen a perfiles con trayectoria y buena reputación. Soy consciente que un partido no puede asumir la responsabilidad de todas las acciones de malos servidores públicos, sin embargo, sí deben investigar a sus candidatos e incluso fiscalizar en tiempo real las acciones de sus gobiernos.

No podemos cerrar los ojos ante los actos de corrupción, un mal que carcome las instituciones que ha hecho estragos en nuestro continente. Prueba de ello es que hoy, varios ex presidentes latinoamericanos enfrentan en prisión procesos por financiamiento ilícito de sus campañas electorales. De esa manera, los partidos no podrán fingir demencia cuando candidatos impresentables realicen actos ilícitos como sucedió con Eva Cadena en Veracruz o Rigoberto Sandoval en Tláhuac. A López Obrador y a MORENA les debe quedar claro que la sociedad no tolera su discurso trillado del "complot" ni mucho menos el cinismo disfrazado de un supuesto “plumaje que no se mancha”.

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