Sí hay dinero para reconstruir la ciudad

Los habitantes de la Ciudad de México enfrentamos hoy el reto histórico de cambiar el modelo neoliberal que nos ha conducido a la catástrofe

Sí hay dinero para reconstruir la ciudad

Acosados por desastres naturales, por la depredación de megaproyectos y la ambición clavada en la cabeza de la administración capitalina, los habitantes de la Ciudad de México enfrentamos hoy el reto histórico de cambiar el modelo neoliberal que nos ha conducido a la catástrofe.

Y aunque los derrumbes provocados por el sismo del pasado 19 de septiembre dejaron una estela de dolor y lágrimas, de ella también brotaron las bases de una organización social dispuesta a tomar en sus manos el destino de nuestra capital.

Sin embargo, las ganas de renovación de la ciudadanía que con fuerza enfrenta sus desgracias, no encuentran eco en las autoridades locales, como lo demuestra la Iniciativa de Ley del programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una entidad cada vez más resiliente, propuesta por el gobierno capitalino.

Un proyecto que constata una absurda desatención a las demandas y necesidades urgentes de sus gobernados.

Porque, en efecto, la Iniciativa no pone énfasis en la atención a los damnificados, sino de las construcciones. Para la administración capitalina, el rescate es un rescate inmobiliario. No de la gente.

Tan es así, que los inmuebles son considerados como una potencial reserva del uso de suelo para las mega-desarrolladoras. Y las personas damnificadas, como permisibles sujetos de crédito.

Sustentada en una visión individualista y financiera, la estrategia de reconstrucción del gobierno local indica que la restauración debe girar en torno de las recomendaciones y lineamientos de los organismos internacionales.

A las organizaciones sociales y civiles, académicas y científicas, las deja en calidad de simples “opinantes”.

En este marco, en vez de proponer un uso racional e inteligente de nuestro suelo, acorde con la obligación de respetar los derechos humanos, establece criterios de estricta índole técnica para la redensificación de los predios.

Se pretende, así, que el propietario aporte el suelo que le corresponde y autorice al gobierno a determinar la redensificación para garantizarle un sugestivo negocio al inversionista.

De tal modo, al poner en el centro de la estrategia de restauración la concesión de créditos, no se piensa en el beneficio de los damnificados, sino en favorecer a los mercados financieros y, desde luego, a las desarrolladoras, las obvias destinatarias de los empréstitos.

En resumen, la administración capitalina apuesta por perseverar en la actual estrategia de desarrollo urbano. Esa misma que, reitero, nos encaminó al desastre.

En contraste con esta visión egoísta, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa propone que la restauración no debe girar en torno de la concesión de créditos. Que la gente no debe pagar ni un centavo por la reconstrucción.

En nuestra Iniciativa de Ley de reconstrucción demostramos que sí hay dinero para pagarla. Por eso proponemos la creación de un Fondo de recursos para el programa de reconstrucción de por lo menos 35 mil millones de pesos.

Con responsabilidad proponemos, que el referido monto se conforme:

— Con los 9 mil 441 millones de pesos del Fondo de desastres naturales de la Ciudad de México.

— Con los 500 millones de los remanentes disponibles aún no comprometidos del superávit fiscal 2016.

— Con los 6 mil millones disponibles provenientes del rebase de las metas de recaudación 2017.

— Con los 2 mil millones derivados de la inmediata reasignación de 10 por ciento del presupuesto programado aún no comprometido de 2017.

— Con los 17 mil 59 millones procedentes de la reorientación de 10 por ciento del presupuesto 2018 de la ciudad.

En Morena no aramos sobre el mar. Nuestra propuesta descansa en la realidad. En cifras probadas y comprobadas.

Además, para garantizar la transparencia en el uso de recursos, hemos propuesto que al proceso de restauración lo vigile y supervise un Consejo Ciudadano.

Porque estamos convencidos de que la principal obligación de los Estados es la defensa de los derechos humanos de los damnificados, nos parece inaceptable, en sus términos, la Iniciativa de la administración capitalina, la cual gira en lo fundamental –como ya demostré–, en torno de la concesión de créditos a los afectados.

Hoy, como antes lo hicimos en la Asamblea Legislativa, exhortamos a todas las fracciones parlamentarias a diseñar de manera conjunta una Ley de reconstrucción de la Ciudad de México que privilegie a sus habitantes, en primer término a las personas damnificadas y afectadas por los movimientos telúricos.

Al jefe de Gobierno lo exhortamos, de nueva cuenta, a deponer esa visión urbana que considera a la ciudad como un nicho de transacciones políticas, comerciales y financieras.

Porque tenemos la oportunidad histórica de construir una ley de reconstrucción que exprese la voluntad auténtica de los ciudadanos y dé paso a la edificación de una ciudad sustentable y solidaria.

Porque no es tiempo de partidarismos ni de egoísmos.