Adiós al impuesto a refrescos en Chicago, ¿en México cuándo?

La realidad es que el verdadero efecto del impuesto especial ha sido adelgazar los bolsillos de los más pobres, quienes han tenido que pagar más por productos que han sido parte de su vida diaria

Adiós al impuesto a refrescos en Chicago, ¿en México cuándo?

Algunos productos ahora son más caros, debido a que se ha implementado un impuesto especial con el objetivo de disminuir su consumo y con ello combatir el sobrepeso y la obesidad en México, pero la realidad es que su verdadero efecto ha sido adelgazar los bolsillos de los más pobres, quienes han tenido que pagar más por productos que han sido parte de su vida diaria.

Así que mientras en México siguen las voces que buscan que los más pobres sigan absorbiendo mayores impuestos, le cuento que esta semana en la ciudad de Chicago se anuló el impuesto de un centavo de dólar por cada onza de bebidas carbonatadas, ya que 80% de la población estaba en completo desacuerdo por esta drástica medida (que resulta ser un método infalible de recaudación). Los residentes y pequeños comerciantes estimaron que afectaba su economía y lograron abolir este impuesto al evidenciar que ha sido ineficaz como medida de salud.

La experiencia internacional también cuenta que países, como Dinamarca, pusieron en marcha en 2011 prácticas muy similares para reducir el consumo de algunas bebidas y alimentos, pero eso trajo consigo un aumento en la inflación de hasta 4.7% y la pérdida de más de 1,300 puestos de trabajo, además de que no tuvo ningún impacto significativo en los hábitos alimentarios en la población.

En México no es diferente, la evidencia ha demostrado que el impuesto no ha sido efectivo para disminuir su consumo, que la solución a la problemática del sobrepeso y la obesidad en el país no se resolverá haciendo más caro este tipo de alimentos y las bebidas saborizadas, ni haciendo que los consumidores paguen más, sino con un programa integral que reconozca la multifactorialidad y su atención por medio del balance energético y la actividad física como medida de prevención. Pues, ya estarían nuestras autoridades haciendo lo suyo, ¿no?

Ahí viene la Cumbre de Afores

Autoridades financieras del país, expertos internacionales, especialistas, académicos e inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile y México se reunirán en la Segunda Convención Nacional de Afores, organizada por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, el 30 y 31 del este mes, en el Centro Banamex.

Carlos Noriega, presidente ejecutivo de la Amafore, anticipa que la Convención se divide en tres bloques temáticos relacionados con los sistemas de capitalización individual: Sustentabilidad de los sistemas de pensiones; cómo enfrentar la etapa de desacumulación, en que los sistemas de contribución definida fueron diseñados para entregar a sus afiliados el monto acumulado en sus cuentas una vez alcanzada la edad de retiro, y tendencias de inversión en los fondos de pensiones a nivel mundial. Una agenda interesante de cara a que somos una población cada vez más lonjeva.

Empresas vulnerables

De acuerdo con estudio de la firma Parametría, llama la atención y es de preocupar, que 92% de empresas en México dedicadas al desarrollo de software utilicen paquetería no legal, ya ni se diga de las que ofrecen servicios financieros, con un 53%; del sector educativo y de la construcción, con 80%; 68% al comercio y 59% a la manufactura, y más cuando a escala mundial es conocida la relación que existe entre los ataques cibernéticos y el uso de software ilegal.

La Business Software Alliance (BSA), que encabeza en México Kiyoshi Tsuru, asegura que más de la mitad de empresas en el país usan software no legal y por esta razón podrían ser vulneradas en sus sistemas y redes, ya que al no usar paquetería legal impide a las compañías vacunar sus sistemas contra ciberataques, lo que representa un daño de mil 300 millones de dólares por año.

Para Tsuru, es necesario que los CIO’s sepan el alcance de la paquetería utilizada en sus redes empresariales, sobre todo cuando de acuerdo con BSA, 53% de las empresas nacionales no tienen políticas para la compra de software y en 36% de éstas es el dueño o propietario de la firma quien decide la adquisición de software, casi siempre sin conocimiento de causa.