La ingobernabilidad devasta a México y a la capital

Los sismos de septiembre no sólo demolieron gran parte del país, incluida la Ciudad de México, también hicieron añicos la escasa confianza que aún existía en las instituciones

La ingobernabilidad devasta a México y a la capital

Los sismos de septiembre no sólo demolieron gran parte del país, incluida la Ciudad de México, también hicieron añicos la escasa confianza que aún existía en las instituciones. Y así confirmar la profunda crisis e ingobernabilidad predominante en la República.

Una ingobernabilidad que no es producto de la casualidad, porque va de la mano de la corrupción. Y con ellas, la incompetencia.

Los Papeles de Panamá ratifican que el lavado de dinero en el sistema financiero alcanza niveles insospechados, mientras el crimen organizado extiende sus tentáculos a gran parte de Centroamérica y del Cono Sur.

Mientras el gobierno federal tiembla ante la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio, los exitosos cárteles mexicanos expenden su droga en alrededor de 250 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Y como turbio pilón, la Procuraduría General despide al fiscal electoral porque hizo público que Odebrecht pagó 10 millones de dólares a Emilio Lozoya para destinarlos a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Ante una tragedia mayor, como el devastador terremoto de 8.2 grados del 7 de septiembre, Peña Nieto propone a los devastados habitantes de Chiapas la bufonada de “hacer tandas” con el dinero que les otorgue la Federación para reconstruir sus viviendas.

Entretanto, en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno pretende cargarle a los damnificados el costo de la reconstrucción al proponer la concesión de créditos como eje de la restauración en la capital.

Escatima recursos a los afectados. Y su administración llega al extremo de negarse a ejercer los 9 mil 441 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales, con el subterfugio de que “el (próximo) sismo previsto por la Universidad Nacional Autónoma de México va a ocurrir.

“(…) si se utiliza el ciento por ciento de los recursos del Fonden y tiembla mañana, no vamos a tener dinero”, dijo muy orondo el secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador Zamora.

Cabe, entonces, la pregunta: ¿Acaso no será que tales recursos ya no existen? Es mucho lo que deberá explicar este funcionario en su comparecencia del próximo martes ante la Asamblea Legislativa.

Porque no existe gobierno en la Ciudad de México. Por ejemplo, pese a estar prohibidos, los anuncios espectaculares continúan instalándose a lo largo de la Calzada de Tlalpan, del Periférico, de Insurgentes, en Reforma…

Absorto en su pretendida candidatura presidencial, Miguel Ángel Mancera no atina a diseñar un programa de reconstrucción favorable a la ciudadanía.
Temeroso de perder el apoyo de los poderosos consorcios a los que tanto ha favorecido en su gestión, lanza una Ley de reconstrucción destinada a reproducir la misma estrategia de desarrollo urbano que nos ha conducido al abismo.

No controla nada. Ni el inmoral incremento en el alza de rentas derivada de los movimientos telúricos. Ni siquiera el desmesurado incremento en el costo de las mudanzas.

Como Peña Nieto a escala nacional, parece que el jefe de la administración capitalina supone que las fuerzas del mercado solucionarán, por sí mismas, la catástrofe.

Pero no son los únicos funcionarios omisos en su tarea de gobernar. Los gobernadores de Oaxaca, Chiapas y de todas las entidades víctimas del terremoto del 7 de septiembre tampoco atinan a dar una solución de fondo al desastre. Como tampoco el gobernador de Morelos, entidad afectada por el movimiento telúrico del día 19 del mismo mes.

Acostumbrados a la manipulación, a poner a sus cuates, parientes y cómplices en los principales cargos de la administración, a vivir en el confort de las prebendas y el tráfico de influencias, desconocen qué hacer cuando de enfrentar casos extremos se trata.

No tienen idea de cómo gobernar.

Ni la Constitución General ni las constituciones locales ni el sinnúmero de leyes y reglamentos que nos sepultan en una montaña de disposiciones rigen la vida del país.

Por el contrario, al estilo de la mafia, un código de leyes no escritas regula las relaciones políticas, económicas y sociales. El monopolio de la violencia reemplaza a los poderes del Estado y se encarga de mantener el “orden” más allá de la ley (Alfio Mastropaolo).

Porque, como advierte el sociólogo Emiliano Terán, cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambio hacia algún destino medianamente positivo.

La corrupción conduce a la ingobernablidad y ésta, al caos. Y la espiral de la violencia las refuerza.

Hemos llegado al extremo de que 14 entidades del país son controladas por los cárteles del narcotráfico (Leonardo Curzio). Lo que significa que en la mitad de la República imperan Estados fallidos.

Sin embargo, ni el genocidio derivado de la inacabable guerra contra el narcotráfico, ni los movimientos telúricos han conseguido frenar la fraternidad. Pese a la catástrofe, la gente trabaja, estudia. Sigue adelante.

Pero la organización espontánea es insuficiente para cambiar a un Estado fallido como lo es el mexicano. Requerimos organizarnos en torno de un proyecto de nación.

En efecto, la crisis que nos azota no tiene parangón en nuestra historia contemporánea. Para encontrar una analogía, tendríamos que remontarnos a 1857 cuando la generación de la Reforma enfrentó el entreguismo de los conservadores y diez años después consiguió restaurar la República.

Hoy, de nueva cuenta los mexicanos nos enfrentamos a la necesidad impostergable de restaurar la República. De arrebatarle la conducción a un gobierno corrupto e ineficiente que ha puesto en remate los bienes más preciados de la nación.

Y la única opción para hacerlo es mediante el proyecto de Morena, que postula la transformación del país. El otro es enarbolado por quienes se oponen al cambio, encabezado por el PRI en unión de sus peones del Verde, Nueva Alianza y el PES, al cual hoy se aúna el Frente Ciudadano por México con el PAN y el PRD.