¿Cuál es el balance general de la Ley de Ingresos para 2018?

El crecimiento económico ronda los 2 puntos porcentuales en promedio y encima se han tomado medidas que asfixian a los ciudadanos con más impuestos como lo provocó la reforma fiscal y los gasolinazos

¿Cuál es el balance general de la Ley de Ingresos para 2018?

La situación económica que vive nuestro país está muy lejos de ser la que prometió el Presidente en su campaña y de los compromisos firmados ante notario público. La deuda pública ha alcanzado un nivel récord, combinado con un gasto irresponsable como el ejercido en propaganda. El crecimiento económico ronda los 2 puntos porcentuales en promedio y encima se han tomado medidas que asfixian a los ciudadanos con más impuestos como lo provocó la reforma fiscal y los gasolinazos. En contraparte los ingresos tributarios tienen un nivel históricamente alto.

Para el 2018, la Secretaría de Hacienda proyecta una aceleración de la actividad económica, con un rango de crecimiento entre 2.0 y 3.0 por ciento del PIB, considerando expansiones más equilibradas entre los sectores, con un aumento en los ingresos presupuestarios de 3.6 por ciento real en 2018.

En el Congreso, le hicimos ajustes a la Ley de ingresos, particularmente elevando el tipo de cambio de 18.10 a 18.40 pesos por dólar, tomando en cuenta la actual depreciación del peso mexicano por la inestabilidad que generan los comentarios de Donald Trump respecto a una probable salida de los Estados Unidos del TLCAN; además, se incrementó el precio del petróleo por barril de 46 a 48.50 derivado de que, hace unas semanas, se registraron precios más altos del crudo, niveles no vistos en los últimos dos años gracias a los recortes de la producción entre los países de la OPEP. De igual manera, lo que se buscó en el Congreso fue evitar que la deuda crezca y que además sea posible pagar sus intereses.

La Ley de ingresos 2018 prevé obtener ingresos totales por 5 billones 279 mil 667 millones de pesos, una bolsa adicional de recursos por 43 mil 291 millones de pesos. Estas cifras son gigantescas y muy difíciles de conceptualizar, pero imaginemos lo que podría hacerse con ese presupuesto si pensamos que la Línea 12 del Metro costó 20 mil millones de pesos, tan sólo con la bolsa adicional para 2018 se podrían construir dos líneas del Metro nuevas; o si un hospital cuesta algo así como 700 millones de pesos, podrían edificarse y operar más de 50 hospitales. La reconstrucción por los sismos de septiembre, según lo dicho por el Presidente se estima en 40 mil millones de pesos, lo cual nos deja en claro que el problema de México no es que no haya recursos sino que se destinan y ejercen de forma ineficiente.

Con la Ley de Ingresos 2018, le apostamos a una recaudación responsable y sensible. Si bien es muy difícil revertir la tóxica reforma fiscal, sí fue posible evitar que se incrementaran los impuestos a los ciudadanos y presionar para que se ofrezcan condiciones competitivas para los negocios lo que se traducirá en inversión; es importante señalar que esta ley incorpora propuestas de la sociedad como esquemas más sencillos en el cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas, propuesta del Consejo Coordinador Empresarial.

No quitamos el dedo del renglón en la necesidad de implementar medidas como la deducción al 100 por ciento de las prestaciones sociales, como los vales de despensa y de gasolina, que sin duda, favorecerían a todos los trabajadores formales y ayudaría a la economía.

Nuestra exigencia es que si el gobierno goza de una recaudación histórica, se comprometa ahora a colocar esos recursos en una “caja de cristal”; queremos que implemente mecanismos de transparencia presupuestaria pues de cara a un proceso electoral en el que se elegirá al Presidente de la República y renovará el Congreso de la Unión, lo que menos debe ocurrir son desvíos de recursos a campañas políticas. La propuesta del PAN es clara que autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, e incluso el INE fiscalicen en tiempo real el presupuesto, a los servidores públicos encargados de finanzas y a los partidos políticos.

Ahora, está en la Cámara de Diputados la labor de etiquetar los recursos públicos pues enfrentaremos al reto del proceso de reconstrucción en el que existe un sentimiento de desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno; esta situación no es fruto de la imaginación de los ciudadanos, pues está documentado que tras el paso de la tormenta tropical Ingrid y del huracán Manuel, que devastaron las cosas del Pacífico y el Golfo de México en 2013, el entonces Gobernador de Guerrero desvío la ayuda a grupos políticos cercanos a él.

Vayamos a un proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre con un presupuesto transparente y blindado ante la corrupción, esto permitirá a los ciudadanos recuperar la confianza en las instituciones, lo cual es primordial en el 2018.