Coahuila, la democracia a prueba

La democracia en México funciona bajo un sistema en el que los criterios entre consejeros y magistrados electorales tienen marcadas diferencias

Coahuila, la democracia a prueba

Siempre ha existido diferencia de criterios entre consejeros electorales y magistrados electorales. Unos resuelven y otros corrigen. Así funciona la democracia en el país y así seguirá funcionando.

Sin embargo, en los últimos procesos electorales resaltan las diferencias entre lo que observa y resuelve el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cada elección, de cada año, hay diferencias abismales entre las decisiones de los árbitros electorales.

El caso pendiente es Coahuila, donde el INE ha resuelto que el priista Miguel Riquelme rebasó el tope del gasto de campaña lo suficiente para anular la elección, pero el TEPJF dice que no, que el rebase es mínimo, por lo que prácticamente, al menos eso pareciera, le estaría planchando el triunfo en esa entidad.

Sin embargo, en un acto de congruencia elemental, de legalidad mínima, de darle claridad a este proceso electoral plagado de inconsistencias, los consejeros del INE volvieron a resolver, el lunes, que Riquelme y sus mapaches priistas rebasaron casi en 10% el tope de gastos, lo que significaría la anulación de la elección.

Para nadie es un secreto que, desde hace un par de meses, el PRI-Gobierno comenzó a operar al interior del Tribunal Electoral para beneficiar a su candidato. Su mismo dirigente, Enrique Ochoa Reza, durante al menos tres días seguidos, se apersonó con los magistrados para tratarlos de convencer que su abanderado es una blanca paloma y que en Coahuila no habría ocurrido una elección de Estado, al igual que en el Estado de México.

Un día después de la resolución del INE, la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE resolver en un plazo de 10 días un procedimiento oficioso sobre presuntos gastos de campaña de Miguel Riquelme, en rotulación y uso de una camioneta. De acuerdo con la Alianza Ciudadana por Coahuila, que postuló al panista Guillermo Anaya, la campaña de Riquelme omitió registrar el gasto de rotulación y uso de una camioneta Durango, erogación que si fue reportada, pero en la campaña a la presidencia municipal de Torreón.

Ante el avance de los días y de la fecha para que el nuevo gobernador de Coahuila rinda protesta, el 5 de diciembre próximo, los magistrados dieron un plazo de 10 días naturales el INE para que concluya este asunto, el cual deberá cerrarse a más tardar en dos semanas, a fin de que el Tribunal Electoral pueda analizar la resolución y emitir la calificación final de la elección.

Para el PRI, retener ese gobierno, con las trampas de siempre (compra de conciencias, control de medios informativos y gastos excesivos), es vital, pues de ello depende el futuro legal del Moreirato. De esta resolución electoral depende si Humberto y Rubén Moreira se suman al grupo de gobernadores priistas encarcelados, detenidos o investigados por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

De la mano de Ricardo Anaya, presidente nacional de Acción Nacional, Guillermo Anaya, el candidato panista al gobierno coahuilense, desplegó una estrategia legal para evidenciar los excesos del PRI en la elección del 4 de junio pasado, previo, durante e, incluso, posterior a la elección. Las pruebas las tiene el INE y las han avalado los consejeros electorales.

Ahora, únicamente basta que los magistrados cumplan con su deber constitucional de valorar estas pruebas que sustentan este rebase en el tope de gastos y confirmen que el PRI-gobierno violó las leyes electorales y que, por tanto, Miguel Riquelme no puede ser gobernador de esa entidad. A Coahuila le urge la alternancia y a los coahuilenses les urge justicia por todos los excesos, delitos y violaciones de los Moreira. Esa fue la voluntad ciudadana y eso se tiene que respetar.