¿Es necesario regular el gasto de la publicidad oficial?

La administración actual ejerció más de 23 mil 683 millones de pesos entre 2013 y 2016, lo que significa un incremento del 197 por ciento del gasto aprobado por la Cámara de Diputados

¿Es necesario regular el gasto de la publicidad oficial?

Es indignante que en los últimos cuatro años, el Gobierno Federal haya gastado tres veces el presupuesto que le fue autorizado en materia de publicidad y difusión de medios; Según información oficial, la administración actual ejerció más de 23 mil 683 millones de pesos entre 2013 y 2016, lo que significa un incremento del 197 por ciento del gasto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo realmente alarmante es que el gasto en publicidad oficial se incrementó en más de 12 por ciento en los meses previos a las elecciones de 2017, lo que se traduce en la utilización de recursos públicos con fines indirectamente electorales.

Para dimensionar el monto, el Presidente ha dicho que se requieren para la reconstrucción tras los sismos una cifra cercana a los 40 mil millones, es decir, han gastado en promover la imagen del gobierno en 3 años más de la mitad de ello.

Ante este panorama, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de la Unión debe legislar en materia de publicidad oficial, según lo dispuesto por el artículo 134 constitucional, lo que busca certeza jurídica para establecer límites en la erogación del gasto público.

Es un tema que debemos resolver antes de terminar nuestras funciones como legisladores federales, particularmente ante los abusos que varios gobernadores han hecho de los recursos públicos, un ejemplo es Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, la joya de la corona de la corrupción del PRI-Gobierno que entre 2011 y 2014 dispuso de un presupuesto de 267 millones de pesos de forma totalmente opaca y, por si fuera poco, optó por reservar la información en 2015, durante seis años justo después de que un medio de comunicación publicara detalladamente la inversión gubernamental en difusión.

Pero además, el uso discrecional de los recursos en materia de publicidad oficial provoca que los gobiernos premien o castiguen a los medios de comunicación según sus líneas editoriales, lo que lesiona la libertad de expresión. En ese sentido, organizaciones de la sociedad civil encabezadas por “Artículo 19” impulsaron la consigna #MiLanaNoEsMordaza en la que exigen que los recursos públicos no sirvan como un mecanismo para castigar a los medios críticos del gobierno.

Según la Organización de los Estados Americanos, la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial se ha convertido en uno de los principales mecanismos de censura indirecta lo que representa una obstrucción directa y un fuerte disuasivo de la libertad de expresión.
Por su parte, debe considerarse el surgimiento de nuevas plataformas de medios de comunicación que han complementado la forma en que los ciudadanos se informan y discuten la actualidad nacional; no debemos olvidar que las redes sociales cada vez se integran más en la prensa digital pues actualmente todos los diarios incluyen en su edición digital, la opción de compartir o comentar la noticia a través de Twitter o Facebook, además de contar con sus aplicaciones oficiales que permiten al usuario contar con información en tiempo real.

En Canadá, la Política de Comunicaciones del Gobierno que data de 1988, coordina que las publicidades y acciones comunicacionales a fin de que sean efectivas y respondan a las necesidades informativas de los ciudadanos, además, establece que la publicidad oficial debe ser “necesaria, útil y relevante” para el público bajo los principios de austeridad, transparencia y control externo adecuado con los objetivos de disminuir costos y mejorar la planificación.

En ese contexto, desde el Congreso debemos aprovechar experiencias internacionales exitosas e impulsar un verdadero debate que detenga el despilfarro de los gobiernos estatales y federal mediante una legislación que regule adecuadamente la publicidad oficial; que determine criterios objetivos y transparentes para repartir el presupuesto; que haya una distribución de recursos equitativa entre los distintos medios de comunicación de forma que favorezca la libertad de expresión pero sobre todo la rendición de cuentas. Los ciudadanos no quieren vivir saturados de spots sino de información que les permitan conocer qué ha hecho el gobierno para su beneficio.