Dos leyes contra los capitalinos

sin consultar a ciudadanos, a damnificados ni a los pueblos y barrios originarios, diputados del PRD, PAN, Verde, Movimiento Ciudadano y varios del PRI aprobaron la Ley de sustentabilidad hídrica y la Ley para la reconstrucción

Dos leyes contra los capitalinos

Este 24 de noviembre se consumaron dos nuevos atentados en contra de los capitalinos, los cuales se suman a los numerosos ataques de la inútil administración local en contra de los derechos humanos de quienes vivimos en la ciudad.

Al vapor, sin consultar a ciudadanos, a damnificados ni a los pueblos y barrios originarios, por instrucciones del jefe de gobierno, diputados del PRD, PAN, Verde, Movimiento Ciudadano y varios del PRI aprobaron la Ley de sustentabilidad hídrica y la Ley para la reconstrucción… de la Ciudad de México.

Bajo protesta, por mandato de personas damnificadas reunidos en asamblea popular en el exterior del recinto legislativo, los diputados de Morena votamos en contra de ambas leyes y demostramos, como enseguida se verá, que éstas atentan en contra de los intereses populares.
1. Ley de sustentabilidad hídrica. Desde la tribuna, afirmé que Acción Nacional había conseguido imponer su agenda política, ideológica y económica a las demás bancadas de la Asamblea, de manera muy especial al PRD.

En efecto, el PAN, surgido con la intención explícita de combatir las conquistas sociales de la Revolución mexicana, la rectoría del Estado e impulsar la privatización de la economía, con la aprobación de esta ley ve cristalizado su viejo anhelo de transferir, a particulares, la distribución y el manejo del agua. Es decir, el uso –y el abuso– del líquido vital.

A partir de 1982, con el arribo del neoliberalismo, dio inicio la transferencia a empresas privadas de los bienes públicos, tendencia acentuada en los dos gobiernos federales de Acción Nacional y refrendada por la actual administración priista de Enrique Peña Nieto con la reforma energética.

De tal modo, la Ley de sustentabilidad hídrica da continuidad a la política económica concertada por el PRD, el PRI y el PAN mediante la firma del Pacto por México.

El fondo de esta ley oculta la determinación de convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México en un organismo descentralizado.
Se trata de un proceso de privatización silenciosa porque, aunque la ley establece que el servicio no será privatizado, se abren las puertas al Sistema de Aguas para suscribir contratos con empresas y subrogar el servicio hasta por 25 años.

Como señalé ante el pleno de la Asamblea:

“Ese cuento ya nos lo sabemos de memoria. Llevan treinta y cinco años diciendo que no se privatizará la industria eléctrica, que no se van a privatizar el petróleo ni la educación, y silenciosamente, paso a paso, se va de privatización en privatización”.

2. Ley para la reconstrucción… de la Ciudad de México. También desde la tribuna del organismo parlamentario señalé, en la noche de ese fatídico 24 de noviembre, que esta ley contiene una ambigüedad vil y criminal.

Porque después de dos meses de supuestamente buscar un consenso, se terminó por imponer la propuesta inicial de Mancera: levantar edificios con 35% más de altura, con la promesa, a los damnificados, de que habrá un fondo, quién sabe de cuánto, quién sabe con qué recursos, quién sabe si un damnificado obtendrá esos fondos a título gratuito o será mixto, o con créditos, etcétera.

Y para finalmente reiterar que los damnificados no tienen derecho a voz ni a voto en la referida ley.

En este marco, subrayé que los diputados al servicio de la administración capitalina no se atrevieron a incorporar un simple párrafo que dijera:

“El gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa garantizarán recursos suficientes para que todas las viviendas sean reconstruidas de manera gratuita”.
De tal modo, los legisladores del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista se negaron a garantizar claridad y transparencia en el manejo de los recursos a quienes perdieron todos, sus bienes, sus viviendas y a sus familiares.

Así, perdida por completo su representación popular, ignoran los derechos de las víctimas a recibir la reparación gratuita de los daños e imponen una ley que condena a damnificados de clase media y media alta a convertirse en deudores de la banca, y que favorece a especuladores, al ofrecer a los afectados reconstruir el edificio en el que estaba su condominio a cambio de aceptar que se construya y venda, como antes indiqué, 35% más de vivienda para financiar la reconstrucción de sus departamentos.

Pese a estos arteros golpes a la convivencia civilizada y democrática en la Asamblea Legislativa, no todo está perdido. Acudiremos a las instancias judiciales correspondientes, incluida la Suprema Corte, en demanda de que se anulen todos los actos ilegalmente avalados por los diputados al servicio de Mancera.

Entretanto, de la mano de damnificados y colectivos vecinales, Morena continuará en asamblea permanente hasta conseguir que a todos los afectados se les restituya su vivienda de manera gratuita, se transparenten los recursos y se incorpore a ciudadanos y damnificados, con voz y voto, en un comité que supervise el proceso de reconstrucción.